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Noticias del mundo - Europa |
Crónica UE.- España intenta reducir el impacto de la reforma de ayudas de Estado ideada por la CE
Las regiones afectadas por el efecto estadístico serán las que más sufrirán el nuevo régimen
BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)
España defendió hoy, durante la reunión celebrada entre los Estados miembros y la Comisión Europea sobre la futura reforma del régimen de concesión de ayudas de Estado, minimizar en lo posible el impacto que tendrán estas modificaciones sobre las regiones que ya resultarán afectadas por el denominado "efecto estadístico" de la ampliación, informaron fuentes comunitarias.
Se trata especialmente de Murcia, Asturias y Ceuta y Melilla, quienes sin la entrada de los 10 nuevos países del Este seguirían siendo consideradas Objetivo 1 en el periodo 2007-2013, pero al bajar el nivel medio de renta por la integración de países más pobres, su riqueza aumentará artificialmente por encima del umbral del 75%.
La reunión de Bruselas sirvió para mostrar el malestar de los Estados miembros frente a la iniciativa de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, que quiere limitar drástricamente los subsidios que los Estados y sus administraciones regionales conceden a las empresas en las áreas pobres para fomentar el desarrollo económico, a través del apoyo a la inversión y a la creación de empleo.
Según las fuentes consultadas, la acogida de los representantes nacionales fue fría, ante el temor de que las nuevas "Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional" limiten las competencias de los propios gobiernos en su territorio.
En la misma situación que Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla se encuentran otras 13 regiones europeas que representan el 4% de la población total de la Unión. Pero no sólo los países que sufren el efecto estadístico tienen reticencias, si no también otros como los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Austria por temor a una intromisión de la Comisión en sus políticas nacionales. Los tres, junto con Francia, han enviado ya a Bruselas cartas de protesta contra la idea de limitar las ayudas de Estado.
Después de escuchar a los Estados miembros hoy, y con las alegaciones que presentarán próximamente, la Comisión pondrá sobre la mesa en mayo su propuesta por escrito. En junio, el Ejecutivo comunitario volverá a reunirse con los Veinticinco con el fin de poner contar con la propuesta definitiva en septiembre próximo.
CRITERIOS DE SUBVENCIONABILIDAD.
Estas directrices fijan tanto los criterios para fijar las empresas de qué regiones son subvencionables de acuedo a su renta por habitante y algunas excepciones relacionadas con la densidad de población, así como los límites de intensidad de las ayudas a la inversión inicial o de las ayudas para la creación de empleo autorizados en cada caso.
Una vez aprobadas las Directrices y de cara al periodo que arranca en 2007, cada Gobierno deberá presentar un mapa de sus ayudas regionales. Actualmente, se permiten ayudas regionales en todos los sectores de actividad, a excepción de la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas, la pesca y la industria del carbón.
Este régimen es un poco particular, puesto que es en realidad una "excepción a la regla" del artículo 87 del Tratado UE, que prohibe las ayudas concedidas por los Estados porque falsean la competencia al favorecer a determinadas empresas o producciones.
Las excepciones que ahora están a debate son por tanto las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo, así como de aquellas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren el interés común.
Dentro de la primera categoría se encuentran las regiones cuyo PIB por habitante sea inferior al 75% de la media comunitaria, que corresponden también con las regiones subvencionables en virtud del objetivo nº 1 de los Fondos Estructurales. En el segundo caso, los criterios no se reducen al nivel de vida ni al desempleo.
Hasta ahora, para permitir un control eficaz, la Comisión había fijado un límite máximo medio del 42,7% de la población comunitaria para el periodo 2000-2006, que comprende todas las regiones subvencionables. En España en cambio el 79 por ciento de la población era elegible.
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