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UE.- Barroso modificará las propuestas de Prodi sobre liberalización de servicios y sustancias tóxicas

La revisión de la Agenda de Lisboa demuestra que los Estados miembros no han hecho sus deberes

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció hoy, en el marco de la revisión de la Estrategia de Lisboa, su intención de modificar dos de las propuestas principales de su antecesor Romano Prodi, es decir, la Directiva sobre liberalización de servicios y el reglamento para el control de sustancias tóxicas REACH.

El Ejecutivo responde así a las presiones de Francia en el caso de los servicios, movilizada en pie de guerra por considerar que se vulnerarán sus reglas nacionales de protección de los servicios de interés general y las bases mismas de su Estado del bienestar.

La modificación de la propuesta de reglamento REACH, que contempla realizar un registro con 30.000 sustancias tóxicas para mejorar su control y seguimiento, responde por el contrario a la feroz oposición ejercida por la industria química, que asegura que minará la competitividad del sector. Reach aspira a clasificar 30.000 sustancias y 3 millones de formulaciones, puesto que actualmente, se calcula que se desconocen los efectos del 86 por ciento de las sustancias químicas más utilizadas.

En concreto, la propuesta hubiese afectado a las empresas que fabriquen o importen más de una tonelada de sustancias químicas por año, las cuales hubiesen tenido que registrarse en una base de datos central, con el objetivo de que tomen las medidas apropiadas para controlar los posibles riesgos.

El vicepresidente de la Comisión, Günter Verheugen, encargado de velar por la Competitividad de la UE, ya había advertido de que no permitiría que ninguna legislación europea pusiera trabas al crecimiento.

La nueva Estrategia de Lisboa, que da por caduco el programa de trabajo lanzado en 2000 de cara al 2010, ha sido revisada de arriba abajo ante la evidencia de que, a medio camino, los Estados miembros no han cumplido sus compromisos y los objetivos de hacer la UE en 2010 el área más competitiva del mundo no se alcanzarán.

Las nuevas promesas, que deberán ser aprobadas en marzo por los jefes de Estado y de Gobierno, dicen que "podrían inducir un crecimiento suplementario del PIB del 3% para 2010 y crear más de 6 millones de empleos", centrándose en dos áreas: Crecimiento y empleo.

"Lo que proponemos hoy es liberar el impresionante potencial económico de Europa. Es indispensable para preservar nuestro modelo europeo de sociedad, cuyos fundamentos son la justicia social y una sociedad donde cada uno tiene su oportunidad. Nuestra ambición sigue intacta. Globalmente, los objetivos de Lisboa eran pertinentes, pero la acción iniciada para alcanzarlos no era satisfactoria", manifestó Barroso.

MERCADO COMUN DE SERVICIOS

Barroso apuntó en rueda de prensa que es "esencial" que exista una Directiva europea de Servicios para asegurar el crecimiento y dinamización de la economía de los Estados miembros, pero "la directiva, tal y como era, tendría dificultades" para salir adelante. "Ahora vamos a ver los problemas, especialmente expresados por Francia, para intentar resolverlos. Vamos a abrir el debate con el Parlamento Europeo y con el Consejo para encontrar, en el menor plazo posible (no fecha aún), una solución porque Europa necesita un mercado común de los servicios", subrayó.

Este sector emplea a cerca de 100 millones de personas en los Quince, lo representa aproximadamente el 30 por ciento del empleo total de la UE en 1997.

La propuesta del ex comisario Frits Bolkestein fue considerada el "mayor ataque contra el estado del bienestar de la Unión Europea", al preconizar una desregulación que eliminará gradualmente las restricciones nacionales.

Uno de los 'puntos calientes' es el llamado principio del "país de origen", según el cual, una vez adoptada la Directiva, las empresas de servicios en la UE sólo tendrán que obedecer a los requisitos del país de origen donde radique su sede social. A los otros Estados Miembros, en los que actúen o suministren servicios, no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo, ni siquiera el registro obligatorio en caso de que una empresa abra su negocio en otro país.

Consecuencia de todo ello, los sindicatos consideran que el principio de país de origen elimina cualquier supervisión efectiva de la actividad empresarial en la UE y que cualquier empresa podrá evitar las restricciones nacionales, reinstalando su oficina registrada o estableciendo simplemente una oficina fantasma en otro Estado Miembro. De este modo "se podrán sortear fácilmente y sin costos los convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las calificaciones y los estándares de protección del medio ambiente o del consumidor", señala la organización ATTAC.

El presidente de la Comisión subrayó que la propuesta asegurará el mantenimiento de los servicios de interés general, uno de los otros puntos conflictivos. "Eso nunca ha sido cuestionado. Recuerdo que la propuesta no es de mi Comisión, pero tampoco antes estaba la idea de cuestionar los servicios de interés general. Se trata de ofrecer el mejor servicio, al menor precio, aunque respetando el interés público (llegar a todas partes, a los minusválidos y otros sectores desfavorecidos, ...)", explicó.

"La liberalización no es contradictoria con el respeto del interés público", dijo Barroso, por lo que hemos considerado que había que tener en cuenta las "preocupaciones legítimas y serias que han sido expresadas por varios sectores, incluido el caso francés", añadió.

Los únicos servicios excluidos del ámbito de la Directiva Bolkestein son aquellos suministrados por los Estados en cumplimiento de sus obligaciones sociales, culturales, educativas y judiciales en los casos en que "no haya remuneración" .No obstante, dado que el acceso a un gran número de servicios públicos exige el pago de tasas, la mayoría de estas actividades cae dentro del ámbito de la Directiva.