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R.Unido.- El Gobierno británico defiende ante los Comunes sus planes de detener sin juicio a sospechosos de terrorismo

LONDRES, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior británico, Charles Clarke, defendió hoy ante la Cámara de los Comunes la polémica propuesta de ley de su Gobierno por la cual se pueda detener sin juicio, bajo arresto domiciliario, a los sospechosos de terrorismo. Charles considera que estos planes son vitales para defender los intereses británicos de las continuas amenazas a que se enfrenta.

Los conservadores y los liberal-demócratas, así como algunos diputados laboristas, han amenazado con oponerse a la idea porque consideran que es contraria a la Ley Europea de Derechos Humanos, pero Clarke insiste en que utilizará todos los poderes a su alcance para que entre en vigor.

Las llamadas "órdenes de control" pueden incluir restricciones en el uso de teléfonos o el uso de Internet, arrestos domiciliarios y el uso obligatorio de pulseras electrónicas para aquellos sospechosos de cometer o apoyar actos terroristas.

La Policía y las fuerzas de seguridad británicas no creen que los arrestos domiciliarios sean necesarios para los 11 hombres que en la actualidad se encuentran detenidos sin juicio en el Reino Unido, la mayoría de ellos en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh. A este respecto, Clarke indicó que "no hay ninguna duda de que son terroristas y que aquí o en el extranjero quieren atacar al Reino Unido y a sus intereses".

"Algunos creen que la ausencia en este país de una catastrofe como la ocurrida el 11 de marzo en Madrid significa que la amenaza terrorista ha pasado de largo o que no ha podido materializarse", indicó. "Esta visión tiene pocas miras, es ignorante en los hechos y potencialmente peligrosa para la seguridad de este país", explicó el ministro.

Asimismo, advirtió de que si estos planes no son aprobados por la Cámara de los Lores, no habrá manera de controlar "a los terroristas peligrosos". Las nuevas leyes antiterroristas se aplicarán en el Reino Unido y a sospechosos extranjeros. Ello significa que será el ministro del Interior, y no los jueces, quien tenga la última palabra en la aplicación de estas leyes.