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Europa.- El Consejo de Europa aprueba normas paneuropeas para la protección de las víctimas del terrorismo

Pide a los Estados que garanticen ayudas de largo plazo e informen adecuadamente a las víctimas sobre la investigación

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa, que reúne a 46 países europeos, ha aprobado un listado de recomendaciones no vinculantes para garantizar la protección de las víctimas del terrorismo, coincidiendo con el próximo aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron la muerte a 192 personas.

Según informó hoy en un comunicado esta institución, el objetivo de estas normas es "ayudar a identificar métodos para ayudar a las víctimas del terrorismo y proteger sus derechos fundamentales y, al mismo tiempo, evitar cualquier forma de arbitrariedad y trato discriminatorio o racista".

El Consejo de Europa, una institución que nació en 1949 dedicada sobre todo a la promoción de la democracia y los Derechos Humanos, ha convertido el terrorismo en una de sus prioridades desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre otras iniciativas, aprobará pasado mañana una declaración sobre la libertad de prensa e información en el marco de la lucha antiterrorista.

Así, entre las medidas que establece como "mínimos" que deben cumplir todos los países está no sólo "cubrir las necesidades inmediatas de las víctimas", sino también "asistencia continua y apropiada médica, psicológica, social y material". En cuanto a la asistencia de emergencia, el documento precisa que que debe ser gratuita y abarcar lo médico, psicológico, social y material, pero también "espiritual" si las víctimas lo piden.

VICTIMAS DE CUALQUIER NACIONALIDAD

Además, subraya que los Estados tienen la "obligación" de atender a las víctimas y sus familias. De este modo, dado que éstas requieren una "compensación apropiada y a tiempo", si ésta no puede extraerse por otras vías, concretamente con la confiscación de los bienes de los terroristas, el Estado en el que ocurrió el atentado "debe contribuir a la compensación de las víctimas", sea cual sea su nacionalidad.

En este sentido, el Consejo de Europa apela a la "cooperación administrativa" entre Estados cuando las víctimas no sea nacionales del país donde se cometió el atentado. En el caso del 11-M, murieron personas de 11 nacionalidades.

"Aparte del pago de una compensación pecuniaria, se anima a los Estados a estudiar, dependiendo de las circunstancias, la adopción de otras medidas para mitigar los efectos negativos del acto terrorista sufrido por las víctimas", dice el documento.

Las víctimas, por otro lado, deben estar informadas "de manera adecuada" no sólo de sus derechos y de sus posibilidades de obtener ayuda y compensaciones, sino también "del acto" del que fueron víctimas. Para ello, pide que se creen "puntos de contacto e información apropiadas".

También, prosigue el texto, deben tener "información apropiada en particular sobre las investigaciones, la decisión final de la instrucción, el lugar y la fecha de las vistas y las condiciones en las que pueden enterarse de las decisiones adoptadas".

El documento deja claro que la protección y compensación de las víctimas debe ser independiente de la identificación, persecución y juicio a los responsables del atentado, pero añade que siempre que haya víctimas los Estados deben lanzar una "investigación oficial" y prestar "especial atención" a las víctimas aunque ellas no hayan presentado una querella.

DERECHO DE RECURSO

Además, en caso de que los jueces decidan no actuar contra un sospechosos, las víctimas deben tener derecho a pedir que se revise esta decisión judicial.

También en el marco de las acciones judiciales, las normas establecen que las víctimas deben poder presentar demandas civiles para hacer valer sus derechos, y que el Estado debe facilitarles "asistencia legal en los casos apropiados".

Por otro lado, señala que toda investigación y todo proceso judicial debe tratar a las víctimas con respeto y salvaguardar su derecho a la intimidad y a la vida privada. Con este objetivo, propone a las autoridades que animen a los medios de comunicación a dotarse de códigos de conducta. Recuerda, asimismo, que en algunos casos pueden ser necesarias medidas estatales para proteger la identidad de las víctimas, sobre todo si intervienen como testigos.