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Noticias del mundo - Europa |
R.Unido.- El Ministerio del Interior asegura estar dispuesto a realizar algunas concesiones en las leyes antiterroristas
La Cámara de los Lores echó por tierra los planes del Gobierno
LONDRES, 9 (EUROPA PRESS)
El ministro británico de Interior, Charles Clarke, estaría dispuesto a realizar algunas concesiones en las leyes antiterroristas que planea su Gobierno porque se muestra favorable a que haya "consenso parlamentario", según indicó un portavoz de esta cartera.
El Gobierno tiene que hacer frente a la negativa de la Cámara de los Lores a aceptar los planes del ejecutivo. Uno de los cambios más importantes que pide la Cámara Alta es que todas las órdenes de control en los sospechosos de terrorismo sean aprobadas por jueces y no por el ministro del Interior.
Lo que quiere el Gobierno es que haya unas leyes antiterroristas que permitan el arresto domiciliario de los sospechosos sin que estos hayan tenido juicio. Además se les podría prohibir el uso de internet o teléfonos móviles y obligar a que lleven pulseras electrónicas para que sean fácilmente localizables.
A estas leyes antiterroristas se oponen los principales partidos de la oposición, los conservadores y los liberal demócratas, pero lo que es significativo es que también se muestran contrarios un elevado número de parlamentarios laboristas del propio partido del primer ministro por considerar que las leyes que quiere poner en marcha el Gobierno vulneran las libertades civiles.
No obstante, el primer ministro británico, Tony Blair, ya dejó claro que la seguridad del país es más importante que cualquier libertad civil y señaló que nadie hablaría de estas libertades si en el Reino Unido ocurriera un atentado terrorista como el ocurrido en Madrid.
Los Lores piden además que haya pruebas de que las órdenes de control se aprueban porque existen "sospechas razonables" y que el balance de probabilidades las hacen necesarias. Además quiere que la Fiscalía señale que no habría la posibilidad de que el sospechoso fuera encausado antes de que se aplique la orden.
La Cámara Alta quiere asimismo que no se usen las pruebas contra los sospechosos de terrorismo que se hayan obtenido bajo tortura en el extranjero. Además no quieren que se creen nuevas formas de órdenes de control y que la legislación expire el 30 de noviembre de 2005.
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