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Economía/Pesca.- Espinosa celebra que la UE haya incrementado el número de competencias de la Agencia de Pesca

España discutirá ahora con la Comisión Europea la ubicación, presupuesto y equipo de funcionarios que trabajará en Vigo

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, expresó hoy su "gran satisfacción" por el hecho de que los Veinticinco hayan aceptado todas las reivindicaciones españolas sobre la futura Agencia Europea de Pesca en Vigo, en especial, el incremento a ocho del número de competencias de la misma.

"Para nosotros es una gran satisfacción porque se han recogido todas las reivindicaciones que tenía planteadas España con respecto al incremento de competencias de esta agencia", afirmó en rueda de prensa tras el acuerdo político por unanimidad de los Veinticinco sobre este reglamento.

"Es el punto de partida para que en el año 2006 tengamos funcionando la Agencia Europea en España", prosiguió la ministra antes de puntualizar que el Gobierno español intentará que el centro esté plenamente operativo en la localidad gallega "lo antes posible, más próximos al inicio (del año) que al final".

Espinosa explicó que España tiene que discutir ahora con la Comisión Europeo tres puntos básicos: la ubicación del centro, así como el número de funcionarios y el presupuesto final que contará esta Agencia Europea de Pesca.

Sobre el primero de ellos, indicó que las autoridades españolas no habían empezado todavía a trabajar en posibles ubicaciones. "Creíamos que lo primordial era aprobar este reglamento y a partir de ahí tener un contacto directo con el equipo de la Comisión", justificó.

"Ahora hay que tratar de ver las necesidades de espacio exactas, ajustarlo bien y hacer una revisión de presupuestos y funcionarios para comprobar que se ajusta a lo que puedan ser las nuevas competencias" que tendrá este centro europeo.

Bruselas ya recomendó a los Veinticinco que este centro comunitario disponga de 49 empleados y un presupuesto anual de 5 millones de euros para el primer año, aunque la asignación de cuatro tareas suplementarias podrá incrementar ambas cifras.

Las cuatro misiones planteadas por Bruselas, y que habían sido aceptadas por los Veinticinco, se centran en primer lugar en la coordinación en el control e inspección de las capturas mediante el despliegue conjunto de los medios nacionales de control e inspección (buques, aviones, vehículos y otros equipos de vigilancia e inspectores, observadores y personal auxiliar).

En segundo lugar, la Agencia acordará los planes de despliegue conjuntos con arreglo a una serie de criterios, parámetros de referencia, prioridades y procedimientos comunes de inspección, seguido de la asistencia a los Estados miembros para cumplir las obligaciones que les incumben no sólo en aguas de la UE, sino también en el marco de los acuerdos pesqueros celebrados con países extracomunitarios.

En cuarto término, el centro de Vigo asistirá a las capitales para cumplir sus tareas y obligaciones contraídas por la Política Pesquera Común (PCC). A estas cuatro, se añadieron la ayuda a los Estados miembros para "armonizar" la aplicación de la PCC, así como la contribución al trabajo de los Veinticinco en la investigación y el desarrollo de técnicas de control e inspección.

La séptima prioridad se refiere a la formación de inspectores y coordinación en el "intercambio de experiencias" entre los socios europeos, mientras que la octava y última supone la coordinación de operaciones para combatir la pesca ilegal no ratificada y no regulada en aguas comunitarias.

PROXIMO CALENDARIO

La puesta en marcha de las agencias sectoriales europeas establece un plazo de un año desde la adopción formal de la decisión por parte de los Veinticinco. Tras el acuerdo político de hoy lunes, falta una próxima tramitación formal en el seno del Consejo como punto sin discusión.

A partir de ahí, el Ejecutivo comunitario iniciaría en los próximos meses el proceso de selección para elegir al director ejecutivo de la Agencia de Pesca. Los dos candidatos más cualificados serán presentados al Consejo de Administración, que deberá elegir a uno de ellos por mayoría de dos tercios. El siguiente paso sería la captación de funcionarios comunitarios y el traslado administrativo a Vigo, con el fin de que el centro esté operativo dentro de un año.