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El Gobierno catalán propone cobrar todos los impuestos y dar la mitad al Estado

Reclama tener capacidad normativa para fijar el tipo de los impuestos y equiparar los resultados con el concierto vasco en 15 años

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno catalán presentó hoy su propuesta de financiación autonómica, que prevé la recaudación de todos los impuestos y la cesión al Estado de la mitad de los ingresos obtenidos por IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e impuestos especiales, así como disponer de capacidad normativa sobre todos ellos para fijar el tipo efectivo de cada tributo.

El nuevo sistema prevé la creación de una agencia tributaria propia que actúe de forma coordinada o consorciada con la del Estado y recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos que se pagan en Cataluña, frente al actual modelo, aplicado desde 2002, en que la Agencia Tributaria Estatal recauda todos los tributos y traspasa a la Generalitat el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales.

Además, pide al Gobierno central una compensación financiera por las insuficiencias producidas por los sistemas de financiación aplicados en los últimos años y corregir el déficit de Cataluña respecto a España, una cuestión a negociar con el Estado después de la entrada en vigor del Estatut.

El conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, afirmó que la propuesta "se inscribe en una negociación federal" y se basa en dos principios fundamentales que son "la autonomía para Cataluña para decidir por nosotros mismos nuestros ingresos y también la solidaridad".

Castells aseguró que la propuesta se enmarca dentro de la Constitución y no es "exclusivista", por lo que dejó abierta la puerta para que este sistema puede hacerse "extensivo" a otras comunidades autónomas.

SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL

La propuesta contempla un mecanismo de solidaridad aún no definido en cifras y que se pactará en la ponencia del Estatut-- que supondrá una aportación progresiva al Estado en función de las necesidades de gasto y el esfuerzo fiscal y que se revisará cada cinco años. La intención es que las comunidades autónomas que pagan más impuestos, como es el caso de Cataluña, su mayor esfuerzo fiscal redunde en parte en beneficio de la región.

Así, la aportación autonómica se realizará teniendo en cuenta los niveles de gasto que soporta Cataluña y que incluyen variables como la población, el envejecimiento de la sociedad que tiene efectos sobre el gasto sanitario-- y los flujos migratorios. El mecanismo también tendrá en cuenta los impuestos que pagan los ciudadanos catalanes y aspectos como los peajes.

La fórmula, que deberá ser plenamente efectiva en el plazo de cinco años, es que las distintas comunidades puedan prestar niveles similares de servicios si llevan a cabo un esfuerzo fiscal similar.

El objetivo es una aplicación gradual del nuevo sistema de financiación para paliar el actual déficit fiscal que soporta Cataluña respecto al conjunto de España y equipararse en un plazo de 15 años con los resultados obtenidos con el modelo del concierto económico del País Vasco.

El modelo de financiación se actualizará de manera quinquenal y la Generalitat y el Gobierno catalán evaluarán la evolución del conjunto de los recursos públicos disponibles y de las necesidades de gasto de las distintas administraciones.

Asimismo, pide que las inversiones en infraestructuras sean proporcionales al peso del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña en el conjunto de España, que se sitúa en la actualidad en el 19%, y también tenga en cuenta una compensación por el déficit acumulado.

DÉFICIT FISCAL

La presentación de la propuesta del Gobierno catalán se produce después de que un grupo de expertos sobre balanzas fiscales hiciera un informe a petición de la Generalitat que estima que Cataluña acumula un déficit fiscal respecto al conjunto de España del 7,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de media en los últimos 15 años, con cifras que van desde los 2.530 millones de 1986 a los 9.266 millones de 2001.

El informe señala que si se tiene en cuenta el criterio de flujo monetario con neutralización, que consiste en imputar el gasto allí donde se localiza --y no por el lugar de residencia del beneficiario real de los servicios públicos-- y se parte de la premisa de que existe un equilibrio en las cuentas del sector público, el déficit fiscal en 2001 ascendió a 9.266 millones, lo que representa el 7,5% del PIB.

Los expertos consideran que el criterio de flujo monetario con neutralización es el más adecuado para calcular el déficit fiscal, pero utilizando el criterio más favorable para Cataluña en este caso es el del flujo monetario sin neutralizar, es decir, tomando en cuenta la existencia del sector público-- el déficit se elevaría a 11.307 millones y un 9,2% del PIB en 2001.

Según estos últimos datos, los catalanes habrían aportado 36.240 millones al Estado español y sólo recibieron en forma de inversiones y servicios 24.932 millones, lo que significa que la solidaridad media de catalán con el resto de España alcanzó los 1.783 euros.