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Economía/Finanzas.- Bruselas revisa las directivas de dinero electrónico y los sistemas de garantía de depósitos

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea lanzó hoy la revisión de las Directiva sobre el dinero electrónico (2000) y sobre sistemas de garantía de depósitos (1994) con el fin de comprobar si logran completamente sus objetivos y favorecen la competitividad del sector.

"Quiero que las directivas que adoptemos logren sus objetivos y mejoren el funcionamiento del mercado único. Si todo indica que no es el caso, no dudaremos en adoptar medidas radicales", manifestó el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy.

La Directiva sobre el dinero electrónico se concibió en pleno auge del comercio electrónico, y estaba destinada a facilitar la emisión de dinero electrónico por parte de establecimientos distintos de las entidades de crédito.

Los progresos tecnológicos han favoreciddo la aparición de nuevas formas de pago (teléfono móvil, tarjetas de transporte y facilidades de Internet), por lo que la consulta pública abierta por la Comisión formará parte integrante de una revisión en profundidad de la Directiva, que implicará también a los Estados miembros así como un estudio independiente. La Comisión presentará recomendaciones en la primavera de 2006.

Por su parte, la Directiva sobre sistemas de garantía impone a todos los Estados miembros la obligación de establecer un sistema de indemnización para los ahorradores. Fija un nivel mínimo de garantía de 20.000 euros, lo que significa que en caso de fallo de un banco, los ahorradores en toda la UE tienen la garantía de recuperar su dinero hasta dicho importe.

No obstante, algunos Estados miembros introdujeron límites de garantía más elevados, y no se armonizó la forma en que los sistemas funcionan en la práctica.

"Las diferencias entre los sistemas de garantía de los depósitos pueden constituir una fuente de dificultades en el caso de las estructuras bancarias paneuropeas", señaló la Comisión en un comunicado.

En el contexto de una tendencia creciente a la integración del mercado bancario en la UE, estas diferencias, cree la Comisión, pueden obstaculizar el desarrollo de un marco jurídico estable para los grupos transfronterizos desde el punto de vista de la competencia y la estabilidad financiera.