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R.Unido.- Clarke duda ahora si conviene detener a los 'predicadores del odio'

LONDRES, 31 (Del corresponsal de EUROPA PRESS, Alfonso Daniels)

El ministro del Interior británico, Charles Clarke, ha empezado a tener dudas sobre cómo proceder contra los "predicadores del odio" nacidos en el extranjero y cuya expulsión anunció él mismo hace dos semanas, ya que teme que su detención previa a su expulsión les permitirá coincidir en las cárceles, donde la población reclusa ha alcanzado niveles de récord.

Tras anunciar hace dos semanas una nueva ola de expulsiones de "predicadores del odio" nacidos en el extranjero, Charles Clarke ahora duda sobre qué hacer. A pesar que Clarke adquirió nuevos poderes el pasado 19 de agosto para expulsar o impedir la entrada a todo extranjero que suponga "una amenaza indirecta" por fomentar, justificar o hacer apología del terrorismo, según el diario 'The Times' Clarke teme no poder evitar que los detenidos coincidan en la cárcel, abarrotadas de reclusos.

Además, a pesar que el primer ministro británico, Tony Blair --que volverá hoy a Downing Street tras disfrutar casi mes de vacaciones en las islas Barbados-- declarase que las "reglas de juego han cambiado" contra los extremistas, el Gobierno prevé una larga y costosa batalla legal para conseguir su deportación.

Los planes de la Unión Europea para aprobar una directiva que prohibiría la deportación de extranjeros a países donde pudieran ser torturados, limitando el tiempo que las personas pueden permanecer arrestadas antes de ser deportadas, complica aún más los planes del Gobierno británico.

Mientras Clarke se decide qué hacer, la Policía ha puesto en marcha una operación de vigilancia masiva para seguir a aquéllos que estarían en la lista de detenidos para prevenir que se escondan.

De resultar detenidos, se sumarían a los diez extranjeros sospechosos de amenazar la seguridad nacional, arrestados este mes y que se encuentran pendientes de ser extraditados a sus países de origen. Entre ellos destaca el clérigo radical musulmán Abu Qatada, palestino de origen jordano de 44 años que en 1993 fue admitido como refugiado político en Gran Bretaña, considerado el embajador de Osama bin Laden en Europa.

Sin embargo, aunque la ley de Inmigración británica de 1971 autoriza a deportar extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad nacional, Gran Bretaña ha firmado la Convención Europea de los Derechos Humanos, incorporada a la legislación en 1998, y la Convención Internacional contra la Tortura, incorporada en 1988. Ambas prohíben cualquier deportación si existe un riesgo que las personas sean torturadas en su país de origen.

Para prevenir esto, el Reino Unido firmó un acuerdo con Jordania la semana pasada y actualmente continúa negociando con otros países, entre ellos Argelia, Pakistán y Sri Lanka. Pero las organizaciones de derechos humanos y los abogados de los detenidos consideran estos acuerdos "papel mojado".