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Italia.- El gobernador del Banco de Italia opta por no responder ante la Fiscalía de Roma por el caso Antonveneta

ROMA, 10 (de la corresponsal de EUROPA PRESS C. Giles)

El gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, se acogió hoy al derecho a no responder durante su comparecencia ante la Fiscalía de Roma en su calidad de investigado por abuso de poder en el caso de la operación para la compra del Banco Antonveneta.

Fazio llegó esta mañana a la Fiscalía de Roma y anunció su intención de no responder a las preguntas de los fiscales, Giovanni Ferrara; del adjunto Achille Toro y del sustituto, Perla Lori, tras entregar el pasado sábado un informe en el que se describe su posición en el caso y que su abogado, Franco Coppi, está discutiendo con la fiscalía.

También esta mañana, el ex consejero delegado del Banco Popolare Italiano (BPI), Gianpiero Fiorani, fue de nuevo interrogado por la Fiscalía de Milán, también por el caso Antonveneta. En concreto, se estudian las irregularidades del instituto italiano en el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de BPI para comprar el banco, tras la oferta fallida de los holandeses ABN Amro, que finalmente, tras la renuncia del grupo de Fiorani, se hicieron con el control de Antonveneta.

El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía de Roma comunicó que estaba investigando desde el pasado mes de agosto al gobernador del Banco de Italia.

Fazio ha sido acusado de haber favorecido al BPI en detrimento de la sociedad holandesa ABN-Amro, en la operación para la compra de Antonveneta. Por este motivo, destacadas figuras del mundo económico y político italiano piden su dimisión, que sin embargo no ha llegado por el momento.

El mismo 29 de septiembre, el Consejo Superior del Banco de Italia renovó la confianza al gobernador. Se trataba de una decisión importante, ya que para retirar de su cargo al gobernador existen --según las normativas-- sólo dos hipótesis: o la dimisión de Fazio o un procedimiento interno, previsto por el Banco de Italia, que establece para la suspensión, la convocatoria del Consejo Superior en sesión extraordinaria y una mayoría de dos tercios, de los 13 miembros que lo componen, excluido el voto del gobernador.