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UE.- Bruselas considera injustificadas las condiciones de reembolso de ciertos medicamentos en España

BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea informó hoy de que ha enviado una carta de emplazamiento a España por considerar injustificadas las condiciones de reembolso de ciertos medicamentos, tales como algunos antiinflamatorios, tratamientos contra la diabetes y de prevención contra la trombosis.

Para algunos de estos medicamentos, las autoridades españolas exigen un trámite denominado 'visado de inspección', según el cual las prescripciones realizadas por los médicos deben superar una inspección para que los fármacos puedan ser reembolsados. La Comisión considera que este procedimiento no se basa en criterios objetivos y verificables, tal como impone la legislación europea, por lo que pide formalmente trámites más transparentes para el reembolso de los medicamentos.

"El buen funcionamiento del mercado único de los medicamentos exige quelos Estados miembros adopten decisiones transparentes y objetivas sobre su reembolso. La ausencia de procedimientos transparentes no sólo crea obstáculos al comercio, sino que perjudica también a los pacientes", señala la Comisión en un comunicado.

Y es que a pesar de que la organización de los sistemas nacionales de seguridad social es competencia exclusiva de los Estados miembros de la UE, la Directiva de 1989 garantiza que las medidas nacionales sobre la fijación de los precios de los medicamentos y su reembolso no creen obstáculos injustificados al comercio.

A juicio de la Comisión, no se ha establecido ningún criterio objetivo y comprobable para determinar qué medicamentos deben someterse a un visado de inspección previo, a lo que se une que la legislación española no contempla ningún criterio que permita a las autoridades administrativas determinar para cada prescripción individual si debe establecerse o no el visado.

La carta de emplazamiento representa la primera etapa del procedimiento precontencioso y en él la Comisión pide al Estado miembro que presente, en un plazo de dos meses, sus alegaciones sobre un problema determinado respecto a la aplicación del Derecho comunitario. En esta fase la Comisión no hace una acusación, sino que le ofrece la oportunidad de dar una explicación sobre un supuesto incumplimiento.