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Portugal.- El Gobierno y el sistema judicial portugués enfrentados públicamente por el recorte de privilegios

La huelga del sistema judicial tiene un seguiento superior al 90%, según los sindicatos, mientras Socrates la considera "absurda"

LISBOA, 26 (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro)

El sistema judicial portugués está hoy de nuevo paralizado como consecuencia de la huelga apoyada por todos los estamentos del sector judicial que protestan por el recorte de privilegios aprobado por el Ejecutivo del socialista José Sócrates, que tildó los motivos de la protesta de "absurdos" e "injustos".

El intercambio de acusaciones entre gobierno y sindicatos judiciales es constante, pero la situación se agravó en las últimas horas ante la negativa de los sindicatos a cumplir con los servicios mínimos estipulados por el gobierno.

El Ejecutivo asegura que once de las doce estructuras sindicales que apoyan la huelga no han querido sentarse a negociar los servicios mínimos y éstas consideran que no son necesarios para una huelga de 24 horas.

Ante esta situación el Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros una requisición por la vía civil de los funcionarios judiciales para garantizar los servicios mínimos, la segunda en menos de un mes, lo que fue interpretado por el presidente del Sindicato de la Función Pública (SFE), Fernando Jorge, como "una demostración gratuita de autoridad y prepotencia".

Además hay que sumar las declaraciones del primer ministro en las que califica la huelga de "absurda e injusta" y considera que ésta se debe únicamente a que los funcionarios judiciales, entre los que están incluidos jueces y magistrados, no están de acuerdo a que se recorten una serie de privilegios y tengan un sistema de salud igual al del resto de los funcionarios.

ESTADO DE LA JUSTICIA

Los sindicatos se defienden diciendo que también protestan por el actual estado de la justicia y la falta de medidas gubernamentales para resolver los problemas del sector. De hecho ayer en Ginebra, el presidente del Sindicato de los Magistrados del Ministerio Público, Antonio Cluny, entregaba al Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial y la Abogacía, dos cartas denunciando la "peligrosa situación" de la justicia en Portugal.

Cluny explicó que en las cartas manifiestan su preocupación con la pérdida de independencia de la justicia en Portugal debido a "las alteraciones de los estatutos de los magistrados" ya que "si pierden estatuto socio-profesionales" eso puede perjudicar a la independencia del sistema ya que "puede dar origen a fenómenos de corrupción", una vez que las medidas adoptadas por el ejecutivo socialista "tienen consecuencias en el trabajo y en el equilibrio de poder de la magistratura respecto a otros poderes".

Estas declaraciones fueron calificadas por Sócrates de "absurdas" puesto que en opinión del primer ministro que "su sistema sanitario se equipare al del resto de los funcionarios públicos no afecta a la independencia del poder judicial", más bien, dijo, es una cuestión "de justicia social" porque "tiene que haber equidad en los apoyos sociales prestados por el Estado a los funcionarios públicos".

El primer ministro afirmó que "serán los portugueses quienes juzguen quién tiene razón", pero se mostró convencido de la huelga de los jueces y magistrados "debilitará las estructuras de la justicia" en Portugal.

SISTEMA JUDICIAL PARALIZADO

La huelga que hoy ha paralizado el sistema judicial portugués ha tenido una adhesión del 95% entre jueces y magistrados, y del 90% entre los funcionarios judiciales, según los sindicatos, y de un 10% menos en los dos casos según el gobierno.

Esta protesta es el resultado del "brazo de hierro" que la función pública mantiene con el Ejecutivo socialista desde que éste anunciase, poco tiempo después de ganar las elecciones del pasado febrero con mayoría absoluta, las reformas y los recortes del gasto en la función pública con el objetivo de haber reducido para 2008 a la mitad el actual déficit presupuestario luso, el más alto de la Unión Europea con un 6,2% del PIB, para cumplir el Pacto de Estabilidad.

Los jueces, magistrados, notarios y funcionarios judiciales son los últimos en sumarse a la cadena de huelgas y manifestaciones que ya protagonizaron otros sectores profesionales del Estado, como los médicos, enfermeros, profesores, policía y ejército, en contra de las reformas sanitarias --que equiparan su sistema con el del sector privado--, la ampliación de la edad de la jubilación --se amplía de 60 a 65 años--, y la congelación de los ascensos automáticos.

Además, los jueces también protestan por la reducción de las vacaciones judiciales que pasan a ser de un mes en vez de los dos de antes.