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UE.- La comisión de Peticiones de la Eurocámara tratará el 24 de enero una propuesta de apoyo a la COPE

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado del Partido Popular Luis Herrero presentará el 24 de enero ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una propuesta, elaborada junto a otros ocho periodistas españoles y apoyada por más de 700.000 firmas, para que la Eurocámara investigue "el rechazo de las autoridades autonómicas de Cataluña a renovar las licencias de emisión en esa comunidad de la cadena de radio COPE".

Los firmantes de la petición quieren "llamar la atención del Parlamento Europeo sobre la existencia de una operación política destinada a desposeer a la segunda cadena de radio más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña", según el texto de la petición. La Comisión Europea estará presente en la reunión, informaron fuentes parlamentarias.

Además de Luis Herrero, firman la petición el director del diario 'El Mundo', Pedro J. Ramírez; el humorista de ABC y miembro de la Real Academia de la Lengua, Antonio Mingote; el escritor y periodista, Alfonso Ussía; el director de 'Libertad Digital', Javier Rubio; el subdirector del diario 'La Razón', Tomás Cuesta, el director general de 'El Mundo TV', Melchor Miralles; el catedrático de Sociología, Amando de Miguel; así como la periodista y doctora en Historia por la Universidad de Oxford, Cayetana Álvarez de Toledo.

Los firmantes del texto advierten a la Eurocámara de "la existencia de una operación política destinada a desposeer a la segunda cadena de radio más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña".

Esta iniciativa, explican, "contraviene los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y el artículo 11(2) de la Carta Europea de Derechos Fundamentales" y si se consuma "hará imposible" ejercer el derecho a la libertad de expresión que comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas".

"Pedimos al Parlamento Europeo que llame la atención sobre esta violación de los derechos de los ciudadanos cometida por instituciones de un Estado miembro" subraya el documento.

La petición afirma que en mayo de 1999, la Generalitat de Cataluña "arrebató a la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, todas sus frecuencias en FM en Tarragona, Manresa y Barcelona", decisión que fue revocada el 16 de marzo de 2000 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por vulnerar "el derecho fundamental de la libertad de expresión".

A pesar de ello, el 6 de septiembre de 2005, el gobierno de la Generalitat acordó continuar con los procedimientos de readjudicación de las emisoras afectadas por dicha sentencia a pesar de las denuncias de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión y la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que aglutina a todos los medios audiovisuales privados de España.

Hasta ahora, añade el texto, "ninguna de estas reclamaciones de las distintas agrupaciones profesionales ha servido para que las autoridades catalanas reconsideren su posición. Al contrario. Su beligerancia contra la COPE y sus profesionales ha ido en aumento".

Entre los ataques contra la emisora y contra el director de su principal programa informativo, Federico Jiménez Losantos, así como a otros periodistas que salieron en su defensa, el documento cita las declaraciones del ministro de Industria del Gobierno español, José Montilla, "de quien depende la regulación del espacio radioeléctrico", y la queja formal presentada por una delegación del Gobierno catalán al Vaticano.

"Teniendo en cuenta que quien gobierna en Cataluña es el mismo partido al que pertenece el ministro Montilla, que tiene competencias sobre el funcionamiento de los medios de comunicación y facultades administrativas en el sector, la decisión de cercenar la libertad de expresión y la libertad ideológica de la COPE se antoja inminente. Ante este hecho, las instituciones europeas no pueden permanecer inactivas. Los firmantes de esta petición solicitamos que el Parlamento Europeo investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su veracidad y obre después en consecuencia", concluye el texto de la petición.