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Economía/OPA.- La CE amenaza con actuar contra España si bloquea indebidamente la OPA de E.ON sobre Endesa

avisa a España de que si invoca interés el general para vetar la OPA debe ser compatible con la ley europea

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea advirtió hoy de nuevo al Gobierno español de que si invoca el interés general para vetar la oferta pública de adquisición (OPA) de la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa, éste deberá ser compatible con la legislación comunitaria. El Ejecutivo comunitario amenazó con actuar contra España si bloquea indebidamente la operación.

El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, explicó que en las fusiones de dimensión europea, como la de E.ON sobre Endesa, el Ejecutivo comunitario tiene la competencia "exclusiva" para intervenir.

Los Estados miembros sólo pueden actuar si invocan motivos de "interés general", pero éstos deben ser compatibles con la normativa comunitaria. "El reglamento de concentraciones dice claramente que cualquier interés general debe ser compatible con la legislación comunitaria", subrayó.

En este sentido, afirmó que el Gobierno español no podría acogerse a la ley de inversiones en el sector eléctrico de 1999, que le permite intervenir ante OPAs de empresas con capital público, porque esta ya fue declarada "ilegal" por el Ejecutivo comunitario en 2003 por ser contraria a la libre circulación de capitales. La Comisión denunciará este caso ante el Tribunal de Justicia a principios de marzo.

Todd señaló que el reglamento de concentraciones no define el significado de "interés general", aunque pone tres ejemplos concretos: reglas cautelares aplicables a los servicios financieros, pluralidad de los medios y seguridad pública. "Pueden invocarse más razones de interés general, pero todas ellas deben ser plenamente compatibles con la legislación comunitaria", reiteró.

Si el Gobierno español decide acogerse a este argumento para vetar la OPA, deberá notificar de antemano a la Comisión las razones de interés general que alega. "La Comisión tiene entonces 25 días laborables para analizar en primer lugar si esas medidas responden realmente al interés general y si son compatibles con la legislación comunitaria", apuntó.