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Alemania.- Desacuerdo entre los conservadores alemanes sobre la regularización de solicitantes de asilo

BERLÍN, 15 (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Rosa Aranda) Los estados federados alemanes gobernados por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel o por la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) mostraron hoy su rechazo al acuerdo alcanzado ayer por la coalición de Gobierno en Berlín para regularizar la situación de unos 100.000 extranjeros considerados "tolerados" en Alemania.

Gracias a este acuerdo, unos 100.000 extranjeros de los aproximadamente 190.000 considerados "tolerados" en Alemania podrán pedir próximamente un permiso de residencia y acceder al mercado laboral.

Sin embargo, para los ministros del Interior de los estados federados gobernados por los conservadores en Alemania esto supondrá "una carga extrema para las arcas de los Laender", que tienen competencia en esta materia.

Los tres partidos en el Gobierno alemán, socialdemócratas (SPD), cristianodemócratas (CDU) y socialcristianos (CDU), pusieron como requisitos imprescindibles que dichos extranjeros tengan un trabajo y salario fijo y puedan subsistir con él, además del dominio del idioma alemán y la residencia en Alemania desde hace seis años en el caso de las familias con hijos, y ocho de los solteros.

Las personas que se beneficiarían de esta nueva regulación no serían en ningún caso inmigrantes "ilegales", como subrayó ayer el conservador Wolfgang Schaeuble, ministro alemán del Interior, sino de refugiados procedentes de distintos países que llevan varios años residiendo en Alemania pero a los que hasta ahora no les estaba permitido solicitar un permiso de residencia y en teoría, podían ser repatriados a sus países de origen.

Los estados federados conservadores, sin embargo, consideran que esta nueva medida significará "una carga para los municipios, pues finalmente supondrá el ingreso de muchos inmigrantes, por los que tendrá que pagar nuestra seguridad social", dijo hoy Uwe Schuenemann, ministro del Interior del estado federado de Baja Sajonia, en el Noroeste del país.

Schaeuble, por su parte, aseguró que esta medida "no fomentará la inmigración ilegal, ya que solamente se aplicará a las personas que llevan viviendo muchos años en el país y cumplen condiciones estrictas". La mayoría de ellos proceden de Bosnia Herzegovina, Yugoslavia, Irak o Afganistán.

Schuenemann, sin embargo, defendió su teoría de que esta ley no es tan fácil de aplicar ya que, pese a que según el acuerdo de coalición los refugiados obtienen un permiso de residencia de dos años (tiempo que han de dedicar a encontrar un trabajo) y si no lo consiguen, son repatriados a su país, "en la práctica esto no es tan sencillo de aplicar porque estas personas ya están en posesión de un permiso de residencia", dijo el político conservador a medios alemanes.

De la misma opinión es el ministro bávaro del Interior, Guenther Beckstein, de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU). "La nueva regulación tiene que ser todavía examinada en detalle" tanto por el gobierno alemán como por los distintos estados federados, recalcó.

De hecho, está previsto que mañana y el viernes los ministros del Interior de los distintos estados federados alemanes se reúnan en una conferencia en la ciudad bávara de Núremberg y discutan este acuerdo del Gobierno de coalición. Los medios alemanes dan por sentado que en esta cumbre se aprobará la nueva regulación.