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Economía/Macro.-El Congreso concreta mañana la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, más flexible para CC.AA.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso fijará mañana los criterios de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el debate de una proposición no de Ley que establece que el objetivo de estabilidad se configure a lo largo del ciclo económico atendiendo a la evolución de la economía y que se permita a cada comunidad autónoma fijar el objetivo anual en función de sus "necesidades específicas".

Con la proposición no de Ley para la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, suscrita por PSOE, ERC, Izquierda Verde (IU-ICV) y CC, el Gobierno pretende dar respuesta a las reclamaciones de los grupos minoritarios de la oposición para permitir más flexibilidad a las comunidades autónomas en la ejecución de su gasto.

En concreto, esta revisión ha sido una de las principales reclamaciones de ERC e IU-ICV en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2005. Incluso, ambos grupos parlamentarios además de CiU condicionaron su apoyo en las Cortes Generales al techo de gasto fijado por el Ejecutivo para el próximo ejercicio a que se comprometiese de forma efectiva a modificar la citada Ley.

Así, el Gobierno logró sacar adelante en el Parlamento el límite de gasto para 2005 después de pactar PSOE, ERC, IU-ICV y CC la citada proposición no Ley el pasado mes de junio, relativa a la modificación de la Ley general de Estabilidad Presupuestaria del 12 de diciembre de 2001 y de la Ley Orgánica complementaria a la Ley general de Estabilidad Presupuestaria del 13 de diciembre de 2001, revisión que requiere mayoría absoluta en el Parlamento para que salga adelante al modificar una Ley Orgánica.

En virtud de dicha iniciativa, se plantea reformar el marco legal de los procedimientos de fijación de los objetivos de déficit de las CC.AA. y corporaciones locales regulados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de forma que no se vulneren las competencias de estas administraciones en la política presupuestaria, y en su caso las competencias de las autonomías en materia de tutela financiera de las corporaciones locales.

NEGOCIACIÓN DEL OBJETIVO DE DÉFICIT.

Con este propósito, señala la iniciativa, se establecerán los objetivos de déficit a través de los correspondientes órganos de negociación bilateral entre el Estado y cada una de las autonomías, todo ello para garantizar la cooperación efectiva entre el Estado y los entes territoriales y el logro de los fines previstos en la Ley.

Asimismo, establece que el Gobierno del Estado será el responsable de dirimir la compatibilidad de los objetivos planteados por cada comunidad autónoma de acuerdo con los criterios de equilibrio presupuestario planteados por la Administración del Estado, tomando en consideración las necesidades financieras y el esfuerzo fiscal realizado por las distintas comunidades autónomas.

La proposición no de Ley pactada establece también la reforma de los procedimientos fijados en la Ley para la tramitación parlamentaria del objetivo de estabilidad, de cara a facilitar la elaboración de los presupuestos de los diferentes niveles de las Administraciones Públicos.

Introducir y potenciar en la Ley el principio de transparencia y garantizar la disponibilidad y publicidad de la información, para hacer más eficiente la labor de todos los agentes económicos y sociales es otro de los principios que se recoge en la iniciativa. Con este fin, se realizarán los ajustes necesarios para determinar el objetivo de estabilidad presupuestaria de la Administración General del Estado de forma independiente al de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

En la proposición no de Ley se justifica esta modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria alegando que ella no persigue debilitar el compromiso con la disciplina fiscal sino, al contrario, "reforzarlo y hacerlo más efectivo". Apunta que el actual marco legal establece unos términos para la fijación de los objetivos de déficit, tanto de CC.AA. como de corporaciones locales, que deben ser revisados al objeto de plantear una mayor corresponsabilidad de las administraciones.