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Un juez admite a trámite una querella contra Botín por delito ecológico en la ciudad financiera del BSCH

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El juez Ricardo Rodríguez Fernandez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles (Madrid), ha incoado diligencias previas al presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y al consejero delegado del mismo banco, Alfredo Sáenz Abad, por un presunto delito ecológico relacionado con la contrucción de un pozo que se utiliza para regar un campo de golf en los terrenos de la Ciudad Financiera de esta entidad, situada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. El Juzgado ha admitido a trámite la querella que interpuso contra Botín uno de los accionistas del SCH, el abogado Francisco Franco Otegui, que es el mismo que impulsó otro procedimiento judicial contra el banquero que se tramita en la Audiencia Nacional por presunto delito societario, por las cantidades millonarias que cobraron altos cargos de la entidad tras su jubilación.

AGUA SIN RECICLAR.

El texto de la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la dirección del BSCH ordenó la realización del pozo sin la solicitud de los preceptivos permisos administrativos y que emplea el agua obtenida en el riego del campo del golf, pese a que la Ley de Aguas y la normativa urbanística obligan a utilizar agua reciclada para mantener la instalación.

El juez Rodríguez ha dado traslado al fiscal y ha solicitado al Ayuntamiento de Boadilla que certifique si existe licencia de obras para construir el pozo y si se ha abierto expediente por infracción contra el BSCH en su condición de propietario de los terrenos. También pide a la Confederación Hidrográfica del Tajo que informe si el banco solicitó autorización para extraer aguas subterráneas, así como los contratos de construcción del pozo que debe aportar la entidad.

La querella también se dirige contra el Administrador de la empresa que llevó a cabo los trabajos de perforación, así como contra el técnico-director de la mencionada obra. El denunciante estima que los responsables del banco incurren en los artículos 325 y 326 del Código Penal, que establecen penas de entre seis meses y cuatro años de prisión para los responsables de "captaciones de agua que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales".

En concreto, les acusa de ordenar la contrucción de tres pozos, uno de 750 metros de profundidad y otros dos de 120 metros de largo, además de un lago artificial desde el que se distribuye el agua a los aspersores instalados en el campo de golf. Señala además que las aguas residuales se vierten al Arroyo de Valdebayones.

La querella explica que en el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla establece que el riego del campo debe realizarse mediante aguas procedentes de una estación depuradora. Como en la fecha de conclusión de la instalación deportiva -septiembre de 2003-, la depuradora del pueblo no se encontraba operativa, se ordenó construir el pozo. Para usar agua reciclada se precisaría ademas un acuerdo entre el Ayuntamiento de Boadilla, el Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica que no ha sido firmado.

REPERCUSIÓN EN EL GUADARRAMA.

El escrito añade que la repercusión ecológica es importante porque el acuífero usado por el BSCH está situado muy próximo a las estribaciones del Parque Natural de Guadarrama. "Conocida es la comunicación de los acuíferos, y por consiguiente la repercusión que la explotación de uno de ellos pueda tener en el conjunto", dice el escrito. Informa además que el campo de golf fue construido sin contar con la preceptiva declaración de impacto ambiental.

El querellante solicita que tanto Botín como Sáenz Abad sean citados para declarar como imputados en los hechos y que se precinten las bombas extractoras de agua del pozo.