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Noticias de Negocios - Noticias sectoriales |
Economía/Pesca.- El MAPA indemniza con 1,61 millones a los armadores afectados por el fin del acuerdo con Angola
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) indemnizará con 1,61 millones de euros a los armadores de los 22 barcos afectados por la falta de acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Angola, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estas ayudas por paralización temporal co-financiadas por el Estado y la Unión Europea se otorgarán por un plazo inicial de tres meses desde el pasado 3 de agosto y hasta el 2 de noviembre por una cuantía global de 537.092,67 euros al mes.
En caso de que persista la paralización de la actividad por el fracaso de la próxima ronda de negociaciones bilaterales, se contempla la posibilidad de ampliar la duración de las ayudas por otros tres meses, de acuerdo a la normativa comunitaria.
La percepción de las ayudas dependerá del tonelaje del barco afectado, por lo que a los buques de menos de diez toneladas les corresponde una ayuda máxima de 21,65 euros diarios, que se amplía a 1.450,46 euros para los pesqueros que superen las 2.500 toneladas.
Según recoge el BOE, las negociaciones de renovación del acuerdo bilateral de pesca entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Angola "han quedado suspendidas, si bien existe la posibilidad de que se reabran posteriormente".
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, anunció con anterioridad que la UE retomará el próximo mes de octubre las negociaciones para renovar el acuerdo que permitía faenar en sus caladeros a 22 buques españoles -19 marisqueros y tres demersales- con 160 tripulantes.
Antes de que expirase el acuerdo, el ministro de Pesca de Angola, Salomao José Luheto Xirimbimbi, trasladó al Gobierno español su disposición a renovarlo, pero advirtió de la necesidad de reducir las capturas para garantizar la sostenibilidad de los recursos del país africano.
El acuerdo bilateral entre la UE y Angola firmado en 2002 y que expiró el pasado 2 de agosto supuso una contrapartida financiera por parte de los Estados miembros para el país africano de unos 15,5 millones de euros anuales.
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