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Economía/Motor.- La Junta de Castilla y León insta a TRW a agotar las negociaciones antes de cerrar su planta de Burgos

CC.OO y UGT exigen a la Administración regional que no autorice los expedientes de rescisión de contratos

BURGOS, 20 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Raimundo Torío, dijo hoy en Burgos que la Administración regional ha comprometido con la empresa TRW, ante el anuncio de trasladar su actividad desde Burgos a un país del Este, que no se va a presentar oficialmente la documentación del expediente de extinción hasta no agotar la vía de negociación con el comité de empresa.

Raimundo Torío aclaró en este sentido que "por lo tanto, no existe ninguna solicitud administrativa dentro de la Oficina Territorial de Burgos".

Respecto a la postura inicial del Gobierno regional, Torío afirmó que no están de acuerdo con el planteamiento que hace la empresa. "Entendemos que es un claro caso de deslocalización y estamos en contacto con el Gobierno de la nación, donde nos han manifestado también que están totalmente de acuerdo con la Junta y que no nos parece adecuado en este momento el planteamiento de deslocalización por parte de la empresa", comentó.

Raimundo Torío añadió que La Junta de Castilla y León no quiere empresas inviables pero entiende que "estamos hablando de un grupo que tiene o debe tener posibilidades de adaptar sus producciones para que no se produzca esta extinción de contratos que afecta a más de 300 trabajadores".

Por otro lado, señaló que en las ayudas autonómicas para las inversiones de las empresas hay dos requisitos que se han de cumplir. Uno es el mantenimiento y compromiso de los puestos de trabajo, y el segundo es el mantenimiento de la actividad durante un periodo que habitualmente debe ser de tres años.

"Evidentemente si ha habido ayudas de la Junta de Castilla y León y no se cumplen los requisitos que hubo en la resolución de las ayudas, la Administración regional, actuará en consecuencia", garantizó.

Torío aseguró que, no obstante, "no podemos encorsetar tanto a las empresas que impidamos una correcta inversión", y consideró que un plazo de tres años con carácter general "es prudente y no quisiera yo, y lo pido expresamente, que tengamos una actitud tan absolutamente beligerante que nos impida inversiones".

En este sentido, advirtió de que "una cosa es los deseos políticos de la Junta de Castilla y León, y otra cosa es que la Junta es una administración y tiene que actuar siempre conforme a derecho".

Políticamente la Junta no está de acuerdo con la presentación del expediente, pero el Gobierno autonómico también es una administración y entonces, si ese expediente se tramita, se aplicará la normativa correspondiente.

Agregó que la Administración regional no acepta medidas sociales, puesto que en este momento "es posible o hasta que se agoten las posibilidades es factible un plan industrial que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo".

DESLOCALIZACIÓN "PURA Y DURA"

Por su parte, el secretario general de Acción Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Mariano Carranza, aseguró que tanto su fuerza sindical como CC.OO rechazan esta medida de la empresa, que entienden como "una deslocalización pura y dura", ya que "aquí no hay ninguna pérdida económica, la empresa es modélica y es posiblemente la mejor del grupo empresarial americano".

Anunció que los dos sindicatos han exigido a la Administración de forma conjunta, junto al Comité de Empresa, que no autorice ningún expediente de extinción de contratos.

"Entendemos que no tiene ninguna razón para que se deslocalice esta empresa. Las dos organizaciones estamos pendientes de cerrar una reunión con la Consejería de Economía para el próximo 28 de enero", señaló.

Recordó posibles "artimañas" utilizadas por empresas como Fontaneda, "de meter a dos trabajadores o tres de otra comunidad autónoma en un expediente para que el ámbito de competencia de la Administración sea nacional".

En ese sentido, explicó que los dos sindicatos han exigido a la Administración regional que reclame la competencia a la hora de decidir sobre el expediente de escisión de contratos.

Por su parte, el presidente de la patronal burgalesa, Roberto Alonso, consideró que "en esto tenemos que trabajar juntos empresarios y sindicatos". A su juicio, se trata de una decisión de la empresa en la que "poco podemos hacer. Podremos trabajar en ver si los trabajadores se pueden recolocar, no lo hemos estudiado todavía".

Anunció que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos pedirá a la Junta que trate de dirigir hacia Burgos incentivos para la creación de empresas y tratar de encauzar alguna inversión hacia la provincia para la recolocación de los trabajadores.


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