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Economía/Agricultura.- El PE critica con dureza la propuesta inicial de Bruselas para reformar el sector del azúcar

ESTRASBURGO (FRANCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento Europeo aprobó esta tarde por 326 votos a favor, 68 en contra y 24 abstenciones una resolución en la que critica con dureza la comunicación que presentó la Comisión Europea con el objeto de reformar la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar.

El texto, consensuado por los principales grupos de la Eurocámara y de carácter consultivo, pide a Bruselas que efectúe "rápidamente" un estudio de impacto detallado que examine las repercusiones socioeconómicas de estas reformas, tanto para los productores de remolacha como para los trabajadores del sector, así como su incidencia en el abandono de algunas zonas rurales de la UE.

Los eurodiputados señalan que la reducción del precio del azúcar propuesta por la Comisión rebasa las necesidades de adaptación a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que piden que esta reducción se limite a lo "estrictamente necesario para alcanzar y mantener en la UE una producción de azúcar sostenible, eficaz y sólida, dentro del respeto de las normas de la OMC".

Además, consideran que el actual sistema de precios de referencia propuesto por el Ejecutivo comunitario "no es viable" y que con él "no se logrará la estabilidad del mercado". Así, proponen que el actual sistema de apoyo a los precios se mantenga como "red de seguridad, para prevenir la aparición de desequilibrios importantes en el mercado del azúcar".

En el punto del sistema de transferencia de cuotas, los parlamentarios estiman que no responde a los objetivos de competitividad, de empleo y de solidaridad comunitaria, de modo que rechazan dicho sistema "en la medida en que éste amenaza a los más frágiles, concretamente a través de una transferencia de puestos de trabajo y una deslocalización inaceptable de las actividades de producción".

Este asunto afecta singularmente a España ya que abocaría a la mayoría de su sector a la deslocalización, ante la imposibilidad de competir con los principales productores en Europa, caso de Francia o Alemania.

En este sentido, la Eurocámara pide a la CE que examine la posibilidad de constituir un fondo específico, gestionado por la Unión, "que permita a quienes lo deseen abandonar el sistema en condiciones decentes, vendiendo voluntariamente a la UE cuotas a un precio atractivo y regresivo en el tiempo, durante un período limitado para luego ser suprimidas.

En caso contrario, reclama a la Comisión que retire su propuesta relativa a la transferencia de cuotas entre Estados miembros, al tiempo que manifiesta el deseo de que Bruselas evalúe la situación de la producción en las zonas desfavorecidas de la Unión para evitar su desaparición en dichas zonas.

"SATISFACCIÓN" DEL PP

El eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera manifestó su "satisfacción" por la resolución adoptada por la Eurocámara, aunque la calificó como "un acuerdo de mínimos" en caso de que sea necesario proceder a una reforma del sector, tras el dictamen que emita en los próximos meses la OMC en el contencioso planteado por Brasil, Tailandia y Australia contra el régimen comunitario en vigor.

"En el supuesto de que la Unión Europea se vea obligada a proceder a una profunda modificación del régimen, los productores deberían de disponer de los instrumentos necesarios para afrontar las exigencias del comercio internacional", explicó en un comunicado.

Díaz de Mera advirtió que "el Gobierno español no debería bajar en ningún momento la guardia en la defensa de los intereses españoles, por lo que debería exigir que cualquier decisión final no se realice en detrimento de la cuota de azúcar de los países que como España son deficitarios".

Andalucía sería una de las comunidades autónomas más afectadas por la propuesta de transferencias de cuotas "debido a las escasas alternativas que tiene ese cultivo, concentrado principalmente en el bajo Guadalquivir y del que dependen más de 300.000 jornales", explicó por su parte su compañero del PP Gerardo Galeote.

En su opinión, con el dictamen aprobado por la Eurocámara, "el Gobierno español tiene un arma de primera mano para que una posible reforma garantice la pervivencia de la industria y la producción remolachera andaluzas y para prever mecanismos de compensación para los productores que se vieran abocados al abandono de la actividad".

Mientras, Esther Herranz (PP) indicó que la ministra de Agricultura española, Elena Espinosa, debería recoger el testigo y "utilizar el texto adoptado por el Parlamento Europeo como un documento de partida" en las negociaciones que tendrán los Veinticinco. "Es la mejor manera de alcanzar un acuerdo aceptable para España", subrayó.


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