En un auto de once páginas notificado hoy, la Sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional estima los recursos de apelación presentados por la asociación de familiares afectados y por la Asociación Politeya contra la decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, quien archivó las denuncias interpuestas por considerar que el tribunal español no era competente.
La vista por estos recursos se celebró el pasado lunes y contó con el apoyo del fiscal Pedro Rubira, quien modificó la postura que habÃa mantenido hasta ese momento, contraria a la investigación de los hechos en España, por indicación del nuevo fiscal general del Estado, Cándido-Conde Pumpido.
El tribunal considera necesario depurar las responsabilidades "en las que pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control dentro y fuera de España en las etapas de contratación y desarrollo del vuelo". "De haberse llevado a cabo -continúan-, quiza hubieran evitado la muerte de los 62 militares españoles que regresaban de Afganistán".
El auto destaca que los delitos por faltas de omisión consisten "en que mediante un no hacer lo que se estaba obligado y podÃa realizar, se produce un resultado del que el omitente responde como si lo hubiera producido". Alude igualmente a varias sentencias del Supremo sobre delitos de omisón para señalar que "la posición de garante de aquel que tiene un dominio efectivo sobre las personas responsables mediante el poder de imponer ordenes de obediencia obligatoria no puede ser puesta en duda".
AsÃ, destacan que el tribunal ha apreciado "que las comunicaciones y el contrato de charter entre las empresas subcontratadas se dan en territorio no nacional", y que "la identificación de los cadáveres e irregular funcionamiento de la comisión de investigación" se produjeron igualmente fuera de España.
Las presuntas responsabilidades, "posiblemente derivaron de la ausencia o falta de seguimiento de la ejecución del contrato de transporte por parte del Ministerio de Defensa español, que podrÃa integrar el delito de comisión por omisión de los altos responsables denunciados de dicho Ministerio como garantes", concluye la Sala.
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