El Congreso comenzará la próxima semana a tramitar la reforma penal sobre referendos ilegales
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso comenzará a tramitar la próxima semana la proposición de ley suscrita por todos los grupos, salvo el PP, que tiene como objetivo derogar los tres artículos introducidos en el Código Penal en diciembre de 2003 para castigar con la cárcel la convocatoria o el apoyo a un referéndum ilegal.
La Junta de Portavoces del Congreso acordó hoy introducir en el orden del día del Pleno del próximo martes, día 23, la toma en consideración de esta iniciativa conjunta, que podrá debatirse ese día gracias a que CiU ha retirado la proposición de ley que había registrado sobre el mismo asunto, para dar cabida al texto conjunto.
Dicho trámite hace las veces del debate de de totalidad, por lo que, una vez superado, comenzarán los plazos de presentación de4 enmiendas que, según sus promotores, no se prolongarán mucho en el tiempo.
Esta iniciativa se ha presentó en el registro del Congreso el 21 de octubre, tan solo un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase en el Pleno que su grupo derogaría esta reforma penal que impulsó en solitario el Gobierno del PP a través de una enmienda en el Senado en el proyecto de Ley de Arbitraje para frenar el plan soberanista del lehendakari, Juan José Ibarretxe.
CONDUCTAS QUE NO "MERECEN REPROCHE PENAL"
En la proposición se recuerda que la Ley Orgánica 20/2003 de 23 de diciembre modificó el Código Penal introduciendo en él los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. El primero de estos artículos castiga con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello.
Este artículo 506 y el 521 también penalizan a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas. Por su parte, el 576 bis castiga con penas de prisión a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos.
Según recalca la iniciativa, se pretende la derogación de estos artículos porque se refieren a conductas que "no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión". Ademas, destaca que el ejercicio de las potestades de convocar consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es "perfectamente controlable por vías diferentes a la penal".
En cuanto a las ayudas públicas o asociaciones o partidos disueltos o suspendidos, el texto señala que el ordenamiento ya prevé una sanción penal si se constituyeran actos de participación en asociación ilícita.
Por todo ello, dice, las conductas que se contemplan en estos tipos penales "no presentan las notas exigidas para proceder a su incriminación". "La Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos", concluye.
En una rueda de prensa en el Congreso, el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, insistió en que la reforma penal que ahora se va a derogar se hizo "deprisa y corriendo" con el único apoyo del PP y de una forma "no democrática". Además, insistió en que su objetivo tenía "nombres y apellidos, los de Ibarretxe y Atutxa" y recalcó que "no se puede combatir al adversario político castigándolo con la cárcel".
Por su parte, el secretario general de CiU y su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, confirmó que su grupo ha retirado una iniciativa "idéntica" a la impulsada por todos los grupos, salvo el PP, para permitir su debate el martes e insistió en que la reforma auspiciada por el Gobierno Aznar "hacía más difícil el proceso en el País Vasco".
