Los principales grupos ecologistas cierran filas contra el recorte del papel del Estado en los parques nacionales
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Las principales organizaciones ecologistas --Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena-- expresaron esta tarde en un comunicado conjunto su rechazo al recorte del papel del Estado en la gestión de los parques nacionales, derivada de una sentencia del Tribunal Constitucional publicada hoy.
Para estas organizaciones la sentencia "reduce a la mínima expresión posible la participación del Estado en la gestión de los Parques Nacionales, reservándole únicamente un papel residual, como la posibilidad de establecer criterios orientadores, pero ninguna competencia en las decisiones directas sobre la gestión de los parques y ninguna capacidad para obligar a su cumplimiento".
Los ecologistas recuerdan que desde el pasado mes de mayo en que se hizo pública la existencia de un informe del Ministerio de Administraciones Públicas en el que se recomendaba al Ministerio de Medio Ambiente la cesión de la competencia exclusiva en la gestión de los Parques Nacionales a las Comunidades Autónomas habían expresado al Gobierno su "máxima preocupación" ante la posibilidad de que la Red de Parques Nacionales pudiera quedar "vaciada de contenido y se implantara un modelo donde cada comunidad autónoma por separado tomara sus decisiones sobre la gestión diaria, como ahora sentencia el Tribunal Constitucional".
Asimismo, las organizaciones ecologistas consideran esta sentencia un "duro golpe" a la Red de Parques y un claro retroceso, que solamente "viene a satisfacer las pretensiones de algunas comunidades autónomas, pero que no aporta nada nuevo ni positivo a la conservación de la biodiversidad de la Parques Nacionales, objetivo principal que debiera haber guiado cualquier reflexión sobre el futuro de la Red".
Las organizaciones firmantes afirman que se han manifestado siempre partidarias de la cogestión de los PN mediante la participación del MIMAM y las Comunidades Autónomas y han realizado propuestas para mejorar este sistema garantizando una mayor independencia política y coherencia de la Red y un incremento de la participación de las administraciones locales, "pero asegurando el papel del Estado como garante del mantenimiento y respeto a un modelo y una visión global".
Sin embargo, entienden que el reparto de los Parques Nacionales entre las distintas comunidades autónomas supone el fin de la unidad de criterio en su conervación y de la coherencia en la gestión a favor de intereses de "puro poder político y territorial".
Asimismo, las ONG consideran un gravísimo error el vaciado de competencias de los patronatos y del Consejo de la Red impuesto por el TC, que se convierten en meros testigos y convidados de piedra de las decisiones que adopte cada autonomía.
Finalmente, los ecologistas subrayan que durante los últimos 25 años en España, se ha organizado la que es seguramente la mejor Red de Parques Nacionales de Europa, y el modelo español de gestión compartida ha sido un ejemplo mundial para una nueva forma de entender la gestión de estos espacios protegidos, basada en la participación y la co-responsabilidad. En este sentido, opinan que no tiene sentido abandonar este camino para ir a "un modelo de exclusividad que no sólo no conserva mejor la naturaleza, sino que es menos abierto, menos participativo, más opaco y mucho más sensible a las presiones de los agentes locales".