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Yak 42-Un general admite que los cuerpos se trajeron sin documentación y que le dijo al llegar a Trillo: 'sin novedad'



Las notas de autopsia se realizaron en Torrejón el 28 de mayo de 2003 y se las fechó el 27 y como hechas en Trabzon por orden Navarro

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El general de División en la reserva José Antonio Beltrán Doña, uno de los oficiales que se desplazó a Trabzon (Turquía), con motivo del siniestro del Yak-42, reconoció expresamente ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios que los cuerpos de los 62 militares fallecidos fueron trasladados desde Turquía a España sin documentación alguna y que, cuando llegó a la base de Torrejón, le dijo al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo "que todo se había realizado sin novedad".

Según un comunicado difundido esta noche por la Asociación de Familiares Víctimas del Accidente Aéreo Yak-42, acusación en este proceso, sobre las declaraciones efectuadas ayer lunes, este mando militar evidenció en su declaración su carácter de invitado por la comitiva ministerial que acudió a marzo el día del siniestro, el 26 de mayo de 2003, en el que perecieron 62 militares españoles. Posteriormente, fue requerido por el propio Trillo en su calidad del Ejército del Aire para que coordinase los trabajos de repatriación de los cuerpos.

"AUNQUE NO ESTUVIERAN IDENTIFICADOS".

A pesar de que en su declaración ante la magistrada se desvinculó de cualquier actividad identificativa de la repatriación, afirmando, incluso, que "se los hubiera traído aunque no estuviesen identificados", este oficial firmó el 'Acta de entrega' de los cuerpos de las autoridades turcas, por el que éstas les daban 32 cuerpos identificados y 30 sin identificar.

Según su declaración, no tuvo ningún reparo en firmar dicho documento porque el general Vicente Carlos Navarro Ruiz le manifestó que la totalidad de los militares fallecidos estaban identificados por él, pese al contenido del propio texto.

De su lado, el general de División en la reserva Vicente Carlos Navarro Ruiz, según este comunicado, se atribuyó una actividad auxiliar en la recogida de datos junto con la realizada por los médicos desplazados. Asimismo, se atribuyó en exclusiva la realización de la labor identificativa de cada uno de los cadáveres, en base a las notas extendidas por los facultativos y a sus propias notas.

Por lo que respecta al 'Acta de examen, autopsias y diagnósticos de los cadáveres' y al 'Acta de entrega' realizados por las autoridades turcas, dijo que su intervención tenía como finalidad conseguir que las autoridades de este país la entrega separada de los cadáveres ucranianos --correspondientes a la tripulación-- y españoles.

Asimismo, manifestó que la apreciación de falta de identificación de 30 cuerpos que figuraba en las mencionadas actas le resultaba carente de transcendencia, en la medida en que "según su método" , por el que no procedió a la toma de muestras para ADN, a pesar de que hicieron los forenses turcos, procedió a identificar a todos los militares fallecidos.

Este general reconoció también expresamente que los militares fueron repatriados sin la preceptiva documentación necesaria para el traslado internacional de cadáveres, así como sin certificado de defunción ni la preceptiva inscripción en el Registro Civil Consular.

INFORMES DE AUTOPSIA Y DEFUNCION.

Según este comunicado sobre las declaraciones, el general Navarro se atribuyó en exclusiva la orden dada a los facultativos militares de que expidieran en Torrejón de Ardoz el 28 de mayo de 2003 los correspondientes 'informes de autopsias', pese a que estos carecían de tal contenido, procediendo asimismo a expedir los correspondientes certificados médicos de defunción por él mismo ese mismo día por iniciativa propia.

A este respecto, el capitán médico Miguel Angel Sáez y el comandante médico José Ramón Ramírez declararon que a su regreso a la base de Torrejón, el día 28, se les requirió para que redactaran unas "notas de autopsias" que fueron fechadas el 27 de mayo y en Trabzon, aunque fueron realizadas en la base militar madrileña.

Por su parte, el general Navarro también dijo expresamente que las tareas de identificación finalizaron el día 27 de mayo de 2003 a las 21:00 horas aproximadamente, entregando la lista definitiva de identificación de la totalidad de los militares por él identificados a los facultativos a las 01:30 horas aproximadamente del día siguiente para que éstos procedieran al enferetrado y posterior traslado de los féretros a los aviones españoles para su repatriación.

El capitán Sáez y el comandante Ramírez dijeron que pese a ser los últimos en el escalafón y de carecer de formación forense, fueron requeridos para desplazarse a Turquía para la repatriación de los cadáveres. Su intervención, según manifestaron, se limitó a presenciar y a tomar anotaciones sobre el alcance de las lesiones y signos identificativos que presentaban los cadáveres, sin que realizaran actividad identificativa alguna, cuyo total cumplimiento corrió a cargo del general Navarro, quién facilitó el único listado en el que se atribuyó a cada número una identificación (un nombre y apellido).

En el comunicado, la Asociación considera significativo que la actividad se realizó desde las 19:00 horas del día del siniestro hasta las 02:30 horas del día 27 de mayo y desde las 08:30 horas del 27 de mayo hasta las 21:00 horas del mismo día.

SE INFORMÓ A LOS GENERALES.

Por su parte, el comandante jurídico Alberto Ruiz de los Paños, que también declaró ayer ante Palacios pero en calidad de testigo, aseguró que estuvo presente en el momento en el que el fiscal turco informó a los generales Beltrán y Navarro del contenido del acta de entrega de los cadáveres de la autoridad turca, el cual ponía de relieve la falta de identificación de 30 de los militares fallecidos.

Asimismo, según su declaración, constató la falta de información mínima e imprescindible que tenía la autoridad consular española para poder cumplimentar la documentación requerida para la inscripción de los cadáveres. Ruiz de los Paños manifestó que acudió a Trabzon, a pesar de carecer de la formación necesaria, con el fin de asistir a las autoridades militares como asesor jurídico.

Según declaró ante la magistrada, una vez allí indicó al cónsul que los trámites de repatriación de los cadáveres debían ser los habituales, a pesar de la condición de militares de los fallecidos. De vuelta a España contactó con los responsables jurídicos del Ministerio de Defensa y les puso en conocimiento del certificado librado por el cónsul relativo a la falta de documentación.

Dicho certificado fue enviado por fax al Ministerio que entonces dirigía Trillo. Según la representación procesal de la Asociación de Víctimas, este extremo entra en contradicción con las manifestaciones del general Navarro, que indicó que disponía de fichas individualizadas pre mortem de cada fallecido que le permitieron la total identificación de los cadáveres.

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