El Congreso tramita la despenalización de los referendos ilegales, con la única oposición del PP
Astarloa entiende que el "desafío" de Ibarretxe "sale gratis" y el PSOE replica que la respuesta no está en el "terror penal"
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso aprobó hoy la toma en consideración de una proposición de Ley suscrita por todos los grupos, salvo el PP, que tiene como objetivo derogar los tres artículos introducidos en el Código Penal por el Ejecutivo de José María Aznar en 2003 para castigar con la cárcel la convocatoria o el apoyo a un referéndum ilegal y que pretendía frenar el plan soberanista del lehendakari, Juan José Ibarretxe.
La iniciativa conjunta de PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV y CC se presentó en el registro del Congreso el 21 de octubre, tan solo un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase en el Pleno que su grupo derogaría esta reforma penal que impulsó en solitario el Gobierno del PP en diciembre de 2003 a través de una enmienda en el Senado en el proyecto de Ley de Arbitraje.
La proposición pretende derogar el artículo 506 bis, que castiga con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello, así como el artículo 521 bis que penaliza a quien facilite o promueva tales procesos. También se suprimirá el artículo 576 bis, que castiga con cárcel a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos.
PSOE: "CORREGIR UN FRAUDE DE LEY"
Desde el PSOE, Alvaro Cuesta, explicó que esta derogación pretende "corregir" un "fraude de ley" y "reparar la indignidad" que se cometió con una reforma "alambicada y extravagante", y contra el criterio de todos los grupos de la entonces oposición. Tras denunciar el "abuso de derecho penal" que cometió el PP para introducir unas penas que suponen una "desproporción absoluta", destacó que instaurar el "terror penal", "exponente del antiguo régimen", se aparta de los principios de la Constitución.
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Jané, recalcó que esa modificación penal "no debía haberse producido nunca" porque fue una reforma "inducida políticamente" contra el denominado plan Ibarrexte. "No puede resolverse penalmente lo que era y sigue siendo un debate político", apostilló.
CONSULTAS EN AYUNTAMIENTOS
El diputado de ERC Joan Puig aseguró que esta reforma incorporó de nuevo el "delito político" al ordenamiento jurídico y supuso "un grave atentado contra la democracia y contra los gobiernos de Euskadi, Cataluña y los propios ayuntamientos", ya que para su formación, dijo, "tiene especial importancia convocar consultas en el ámbito municipal".
Margarita Uría, portavoz de Justicia del PNV, calificó de "barbaridad jurídica y de abuso jurídico" esta modificación del Código Penal de 2003 que, según dijo, siguió un "insólito e irregular" trámite parlamentario. Agregó que esta "tremenda torpeza política" del gabinete de Aznar merece un "reproche" desde el Congreso.
La diputada de IU-ICV, Isaura Navarro, denunció la "particular forma del PP de defender la democracia" basada en "reinventar el Código Penal" y en llevar a la cárcel a los que piensan diferente. Además, criticó que se alertase de una "amenaza separatista" para emprender una reforma contra un "destinatario personal". Luis Mardones (CC) acusó al PP de "faltar el respeto" al Código Penal.
Desde EA, Begoña Lasagabaster, calificó de "inadmisible" aquel cambio y avisó que defenderá, en un ambiente pacífico, que los vascos puedan "decidir y expresar lo que quieran en relación con su futuro". Francisco Rodríguez (BNG) censuró que se "amenazara con cárcel" a un "digno" presidente de gobierno autonómico.
El PP: SE RESPONDIO CON "EL DERECHO EN LA MANO"
El portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, quiso dejar claro que el anterior Ejecutivo respondió "con el derecho en la mano" al "desafío" y la "grave violación de la Constitución" anunciado por el lehendakari de que seguirá adelante con su plan de "ruptura nacional", sin "importarle lo que opinen los demás".
Astarloa reprochó que los grupos parlamentarios no entrasen en el fondo de la cuestión --en el plan Ibarretxe--, limitándose a criticar el procedimiento parlamentario utilizado y que, según indicó, se ha empleado "decenas de veces". Aunque admitió que podría haberse realizado a través de un "procedimiento mejor", recordó que los anuncios de Ibarrexte se produjeron en el último tramo de legislatura.
"Están transmitiendo el mensaje de que esto sale gratis. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante un proceso de secesión anunciado y el Estado debe tomar medidas para preservar el orden constitucional", resaltó, para preguntar al PSOE qué "acto jurídico" prevé ante la convocatoria de Ibarretxe.
El portavoz socialista subió de nuevo a la tribuna para hacer una encendida defensa de sus posiciones y replicar al PP que esta derogación no genera "nuevos espacios de impunidad" ni "disminuye los instrumentos del Estado para hacer frente a actitudes separatistas, anticonstitucionales o separatistas". Además, recalcó que el ordenamiento jurídico ya tiene instrumentos para frenar el plan soberanista del lehendakari.
Una vez pasado este trámite de toma en consideración, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas que, según sus promotores, no se prolongará mucho en el tiempo. Esas enmiendas se discutirán en el Congreso antes de que el texto sea remitido al Senado, donde el PP está cerca de la mayoría absoluta.
