La familia de Sandra Palo presenta a PP y PSOE en el Congreso más de un millón de firmas para reformar la Ley del Menor

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La familia de Sandra Palo presentó hoy a los grupos parlamentarios Popular y Socialista del Congreso 1,1 millones de firmas a favor de modificar la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de forma que se homologuen las penas por delitos "de sangre" (homicidio y violación) cuando alcancen la mayoría de edad. Se trata de que los menores que comentan delitos pasen a un centro penitenciario ordinario al cumplir los 18 años.

"Quiero que esta ley se modifique lo antes posible", afirmó la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, quien reclamó a los políticos, en los que "tiene fe", que "se impliquen y solidaricen" porque "hace mucha falta" reformar la normativa. "Lo pide toda la sociedad", añadió, al tiempo que agradeció a todos los españoles y extranjeros que han puesto sus rúbricas en esta campaña.

"En estas firmas viene mi hija, que es la que realmente las entrega", agregó Bermúdez, tras lamentar que su niña haya tenido que ser la "cabeza de turco" para iniciar un proceso de modificación legislativa, que espera sirva a "muchas víctimas", ya que "por desgracia" no se aplicará en su caso. El segundo juicio por el asesinato de Sandra Palo, en el que se juzgará al supuesto inductor al homicidio de la joven, tendrá lugar este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

En su opinión, con la legislación vigente sale "muy barato" a los menores matar, puesto que las penas están "muy descompensadas". Acompañada de su marido y sus padres, Bermúdez criticó que los "asesinos" de Sandra Palo estén en un centro de régimen cerrado viendo la tele, oyendo música y realizando otras actividades que su hija no puede porque "se le cortó la vida de raíz".

La familia de Sandra Palo fue recibida a su llegada a la Cámara Baja por Antonio Luis Martínez Pujalte, jefe del gabinete del portavoz del PP, Eduardo Zaplana. Posteriormente, se reunió con el portavoz 'popular' en la Comisión de Justicia, Ignacio Astarloa, que se comprometió a promover la reforma de la Ley del Menor, desde el consenso con el resto de grupos o mediante la presentación de una iniciativa legislativa, si fuera necesario.

Debido a la naturaleza de orgánica de la Ley del Menor, las 1,1 millones de firmas no pueden traducirse en una iniciativa legislativa popular. Por ello, el PP se encargará de ser el "vehículo" para abrir una "reflexión profunda" en esta línea sobre eventuales "mejoras" de la normativa, llevando las firmas a la Comisión de Justicia, como explicó Astarloa.

PP: AGRAVAR PENAS E INTERNAMIENTO EN CENTROS ORDINARIOS

El Grupo Popular apuesta por centrar el debate en un posible agravamiento de las penas por los delitos más graves, revisar el plazo de reclusión provisional, el internamiento en centros penitenciarios cuando cumplan la mayoría de edad, posibilitar la personación de los afectados no sólo en el juicio sino también en la ejecución de las penas y valorar si las medidas de la norma son las adecuadas, teniendo en cuenta la idea de fraccionarlas por edades de 14-16 y 16-18.

Además, el portavoz del PP en materia de Justicia abogó por llevar los acuerdos al impulso de los medios materiales para esta ley, con el fin de incrementar los equipos de pedagogos y permitir la separación de personas más y menos peligrosas en el cumplimiento de las medidas, favoreciendo la "reeducación" de los menores. "Hay que ser ágiles en dar respuesta a las alarmas de sensación de impunidad que genera", manifestó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, con quien también se reunió la familia de Sandra Palo, dijo que pedirá a todos los grupos parlamentarios su "interés" por esta cuestión. De todas formas, recordó que el Gobierno tiene previsto modificar la Ley del Menor y la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual "desde el consenso".

Si el Ejecutivo no avanza en este sentido, los socialistas le harán llegar los puntos resultantes del análisis en la Comisión e, incluso, promoverán una iniciativa legislativa para acabar con los "espacios de impunidad" que deja la normativa, concretó este diputado socialista.

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