El responsable del informe, Gonzalo Fanjul, denunció además que las normas de asignación de ayudas de la PAC han permitido la formación de un grupo de 'los siete magnÃficos', terratenientes que recibieron en el año 2003 ayudas por importe de 14,5 millones de euros, lo mismo que las 12.700 explotaciones agrÃcolas más pequeñas, y que la renta de 90.000 agricultores mozambiqueños en un año.
En concreto, los hermanos Mora Figueroa-Domecq recibieron 3,6 millones de euros --equivalente ingreso anual de 15.000 campesinos guatemaltecos--; los hermanos Hernández-Barrera, 2,4 millones; Nicolás Osuna GarcÃa, 2,29 millones de euros; la duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart y sus hijos, 1,8 millones de euros; Iñigo Arteaga MarÃn, 1,75 millones de euros; hermanos López de la Puerta, 1,45 millones de euros; y Samuel Flores, 1,1 millones.
Los datos proceden de los registros de beneficiarios de Castilla-La Mancha, Extremadura y AndalucÃa, las únicas tres comunidades autónomas que hacen pública esta información de manera sistemática, y algunas informaciones dispersas que da a conocer la comunidad de Castilla y León.
Fanjul quiso dejar claro que "nadie está cometiendo ninguna ilegalidad por cobrar esto", sino que las reglas de la PAC "benefician a los que más producen, es decir, a los más ricos". "Todo esto es perfectamente legal, pero es perfectamente inmoral", manifestó.
Entre 1999 y 2003, desaparecieron cada año 37.000 explotaciones agrÃcolas familiares en España, mientras 304 terratenientes y grandes empresas españolas recibieron una media de 398 millones de euros.
Por ello, el informe de la ONG pide al Gobierno que promueva en la UE un calendario para poner fin a los subsidios a las exportaciones de productos agrÃcolas, en un plazo máximo de cinco años, teniendo en cuenta que estos subsidios son lo que más daño hace a los paÃses pobres, porque hunden los precios agrÃcolas en el mercado internacional.
LA REFORMA DEL AZUCAR Y EBRO PULEVA
La primera oportunidad de impulsar cambios, a juicio de la ONG, se presenta con la reforma del sector del azúcar de la UE. Intermón respalda la posición del Gobierno español de que se mantenga el sistema de precios garantizado y, de hecho, rechaza la propuesta de Bruselas de reducirlos un 30 por ciento, porque si los paÃses más pobres logran exportar su azúcar a la Unión "es más interesante para ellos exportar a precios altos".
Sin embargo, reclama que se reduzca la producción en unos 5,2 millones de toneladas --un tercio de la actual-- para acabar con la sobreproducción y, de paso, con las exportaciones subvencionadas de azúcar europeo. Además, considera que ese "ajuste" deben soportarlo los principales productores, Francia, Alemania y Reino Unido, y no España que, según sus cifras, produce un poco menos de azúcar de lo que consume.
AsÃ, puso como ejemplo el caso de Ebro Puleva, sexta empresa agrÃcola de la UE por volumen de ventas y primera comercializadora mundial en el sector del arroz que, según cifras de la ONG, recibe 20 millones de euros al año en ayudas por sus actividades en el sector del azúcar --tiene un 80 por ciento del mercado español-- y el arroz --40 por ciento--. Para Fanjul, no obstante, lo "fundamental en la expansión exterior" de esta empresa no han sido las ayudas, sino la fuerte protección de sus principales sectores de actividad, el arroz, el azúcar y la leche.
AÑO 2005
Escudero destacó que 2005 es un "año clave" en la lucha contra la pobreza, porque tendrá lugar la cumbre sobre Objetivos del Milenio en la ONU, la reforma del sector azucarero de la UE y la nueva cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Por ello, la ONG pidió al Gobierno español que promueva "una ronda de negociaciones comerciales al servicio del desarrollo", incluido "un calendario para acabar con las subvenciones a la exportación" y que permita a los paÃses más pobres proteger sus productos con aranceles, además de acceder al mercado europeo.
Pero además, reclamó asegurar la protección de la agricultura familiar europea en las perspectivas financieras de la UE 2007-2013 y promover un "reparto justo" de las ayudas, por ejemplo fijando techos máximos por explotación, asà como más "transparencia en la gestión de los programas de apoyo y en los mecanismos de conformación de los precios agrÃcolas".
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