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La Federación Española de Laringectomizados anuncia el inicio de acciones legales contra el Estado y las tabaqueras





LEÓN, 13 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de Laringectomizados y Asociaciones Sin Humo, a través de su presidente, Gumersindo Gutiérrez, anunció hoy el inicio de acciones judiciales contra el Estado y contra las empresas tabaqueras de nuestro país.

Gutiérrez, durante la presentación de la federación en León, acto en el que estuvo acompañado por los abogados de la misma Jose Ángel Mañoso y Montserrat Vega, explicó que "antes de que acabe el verano" presentará en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una solicitud por responsabilidad patrimonial del Estado, requisito administrativo previo al inicio de las acciones judiciales.

En este sentido, el letrado José Angel Mañoso no quiso aventurarse a dar ningún dato sobre la cuantía que podría alcanzar la indemnización solicitada, aunque afirmó que será "importante".

Existe un antecedente en España de una demanda individual cuya tramitación está muy avanzada y cuya cuantía se eleva a 300.000 euros", según explicaron los abogados de la federación, quienes denunciaron que el consumo de tabaco produce distintos tipos de cáncer a consecuencia de los humos y componentes de caracter nocivo con que se elaboran los cigarrillos.

Estos productos, más de 4.000, se encuentran bien en la nicotina bien en el alquitrán. Entre los que contiene la nicotina se encuentran el monóxido de carbono, óxido nitroso, ácido nitroso, ácido cianhídrico, acroleínas, fenoles, ácido fórnico y proformaldeído, mientras que el alquitrán contiene 1- 2 benzopireno, 3-4 benzopireno, criceno, 1-2-5-6 benzatraceno, 3-4-8-9 dibenzeno-pireno, 2-naptol, 2- mentilcolantreno...etc.

El equipo jurídico de la federación indicó que en España, por falta de información, todavía se asimila el cáncer a muerte, lo que produce un enorme trauma en quienes lo sufren. Estos, apuntaron los letrados, son declarados normalmente discapacitados y quedan incapacitados para el desempeño de casi todos los trabajos, con lo que pasan ser pensionistas del Sistema General de la Seguridad Social y sus pensiones corren a cargo de todos los españoles.

"Esto convierte al Estado en cómplice de las empresas tabaqueras al permitir la comercialización de estos productos y al diferir a todos los ciudadanos el pago de las consecuencias de los mismos".

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