El juez procesa a Otegi y Salaberria porque su actividad pública en Batasuna supera la libertad de expresión
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha procesado a los ex parlamentarios de Sozialista Abertzaleak Arnaldo Otegi y Jon Salaberria por un delito de integración en la organización terrorista ETA, en grado de dirigentes, "no sólo" por "el puesto ocupado dentro del entramado", sino porque las actividades públicas que desarrollaron en Batasuna son "incompatibles con el ejercicio del derecho de libertad de expresión".
En opinión del magistrado, este derecho fundamental queda "extramuros" en cualquier Estado de derecho "del empleo de cualquier tipo de violencia". Por eso procesa a ambos en la causa que sigue contra la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, y a Otegi le cita el próximo miércoles, día 8, para prestar declaración indagatoria. Con ellos son 41 los responsables y ex responsables de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna que están procesados en este procedimiento.
En cuanto a las actividades de Otegi, el juez destaca que a pesar de que HB-Batasuna se encuentra suspendida en este procedimiento y fue ilegalizada en 2003 por el Tribunal Supremo, "el imputado ha seguido actuando de forma pública, notoria y reiterada como portavoz de una organización ilícita e ilegalizada, suspendida por su subordinación orgánica y actual del entramado terrorista ETA".
Previamente había citado diversas ruedas de prensa, en las que Otegi ejerció de portavoz de Batasuna, y recuerda intervenciones telefónicas realizadas en la sede de Pamplona de la formación, entre las que figura una del pasado mes de febrero, en la que se le nombra en relación con "la elaboración de una carta dirigida a Zapatero".
HB-EH-BATASUNA, PARTE DE ETA.
En una resolución de 126 páginas, en la que el juez hace suyos los autos de procesamientos anteriores dictados por Baltasar Garzón en la causa y el escrito del fiscal, en el que se afirma que Otegi y Salaberria actúan como "delegados de ETA", Grande-Marlaska insiste en que HB-EH-Batasuna forma parte de ETA-KAS-EKIN, "a cuyos fines y con sus mismos métodos participa en la acción criminal".
"Fruto de la anterior dependencia es de destacar como es ETA quien perfila y diseña el comportamiento electoral de HB-EH-Batasuna, incluida la conformación de las listas electorales, donde se incluyen personas imputadas por delitos de naturaleza terrorista, posteriormente condenados", afirma el auto.
En este sentido, añade que "en el penúltimo Parlamento vasco han formado parte del mismo como miembros de Batasuna, distintas personas actualmente imputadas" por terrorismo. En concreto tres de los seis parlamentarios de SA: Araitz Zubimendi, que se encuentra en prisión, y los huidos Jon Salaberria y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, "Josu Ternera". "Aún cuando el Derecho penal lo sea del hecho imputable a una concreta persona, dentro de un discurso lógico no puede obviarse el que su cúpula se encuentre imputada en hechos de naturaleza terrorista, algunos de ellos en busca y captura", puntualiza el juez.
ACUSACIONES CONCRETAS.
Además, el auto recuerda que "distintos miembros de HB, entre ellos Salaberria, intervienen en el pago del denominado 'impuesto revolucionario', así como en la captación de integrantes de ETA". Salaberria, que fue dirigente de la organización juvenil Jarrai, muchos de cuyos miembros se integraron en ETA, también está imputado en la causa abierta en 1998 por Garzón contra la extorsión etarra.
En cuanto a Otegi, el auto explica que, junto con otros miembros de Batasuna, intervino en la constitución del aparato político de ETA, Ekin, que sustituyó a KAS. El dirigente abertzale recibió asignaciones económicas de la Koordinadora, al ser uno de sus "liberados". El juez también destaca que ambos procesados intervinieron "en homenajes a etarras, donde se proclamaron consignas a favor de la organización terrorista, sin desmarcarse aún cuando lo fuera formalmente".
INTEGRACIÓN EN BANDA ARMADA.
El juez central de Instrucción número 5 explica, tras repasar la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo y del Constitucional, que "será el componente y vínculo asociativo, aceptando los postulados y finalidades del grupo en que se integran y la consecución de los fines que se han marcado, los que sirvan para configurar el delito de pertenencia a asociación ilícita terrorista y por tanto punible, independientemente de que dentro de esa integración haya participado más o menos activamente en relación con otros miembros del grupo".
Y precisa que en el caso de Otegi y Salaberria, el bien jurídico protegido no será la vida, la seguridad o la libertad en sentido individual, sino "la seguridad del Estado, el orden Constitucional y la paz pública".
El magistrado explica que "ETA-KAS-Ekin, dado su carácter de organización compleja que aglutina a una serie de estructuras necesarias para su desarrollo y consecución de los fines violentos propuestos", elabora en 1992 el Proyecto Udaletxe, "con el fin de dotar a todas las estructuras integradas en el complejo terrorista de medios de financiación y de una estructura económica que vertebre todo el movimiento".
Así, las estructuras se autofinancian y ocultan fondos ilícitos, como el cobro del "impuesto revolucionario". En la distribución de tareas, controladas por ETA, Batasuna desarrolla "un papel preponderante" en el ámbito económico financiero, a través de la Comisión Nacional de Herrikos.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS CAUSADAS POR ETA.
La resolución reproduce un informe pericial utilizado por Garzón en el procesamiento de 36 responsables de Batasuna sobre las pérdidas económicas provocadas por ETA: en el periodo 1994-2003, las cifra en 4.339 millones de euros, a los que hay que sumar los 3.497 millones que provocó el cierre de la central de Lemoniz. Además, según estudios que recogía el magistrado, el PIB en el País Vasco disminuyó en 89.880.200.000 euros en el citado periodo.
Entre 1970 y 1993, los costes ascendieron a 2.889.964.000 euros, en los que ya están incluidos las pérdidas por Lemoniz. Otros costes directamente cuantificables, según Garzón, aumentaron a 4.000 millones de euros. En el año 2004, en cambio, los "costes directamente cuantificables" superaron "con creces" los 600 millones de euros.
El auto incluía tablas con las mociones presentadas por Batasuna en las diferentes instituciones a favor del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Los cuadros también especificaban que el 48 por ciento de las comunicaciones externas de este entramado tienen como contenido "el apoyo, recuerdo o referencia a personas directamente relacionadas con ETA".
