UE.- El Gobierno deberá vencer la resistencia de algunos socios para lograr el reconocimiento de las lenguas autonómicas
BRUSELAS/MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero deberá vencer la resistencia de algunos socios europeos para sacar adelante su propuesta de lograr que las lenguas cooficiales españolas sean reconocidas en la Unión Europea. Este tema será abordado mañana a nivel de Embajadores en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) después de que hayan sido presentadas varias propuestas de la presidencia de turno del Consejo sobre las que hasta ahora no se ha logrado cerrar un acuerdo.
El reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias ya tropezó el pasado jueves con la negativa de algunos Estados miembros, que recelan de las consecuencias internas que podrían derivarse del precedente que sentaría España, y el debate decidió posponerse hasta mañana lunes.
Pese a que el Ejecutivo español mantuvo desde el principio el optimismo acerca de la viabilidad de sacar adelante la iniciativa bajo presidencia luxemburguesa, en una reciente respuesta parlamentaria, admite que hay Estados que mantienen reservas y que a las dificultades políticas se suman las "jurídicas".
Así, asegura que "se ha logrado el apoyo firme de algunos países" y "la mayoría muestra una actitud políticamente abierta, con grados de entusiasmo variable" pero que "mantienen reservas algunos Estados, muy pocos, que temen las repercusiones que esta demanda española pueda tener en su propio territorio, así como su impacto en los ya difíciles debates sobre cuestiones lingüísticas en el seno de la Unión". A ello se añade que el Servicio Jurídico del Consejo de la UE tiene una "posición reservada sobre la forma jurídica en que podría plasmarse" la petición española, señala el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del diputado Jordi Xuclá (CiU). Por ello, el Gobierno revela que "sigue realizando intensas gestiones, incluso al más alto nivel, para vencer las dudas que todavía alberga algún Estado miembro", y está sobre todo "haciendo hincapié en la especificidad de la situación lingüística española", adémás de en la necesidad de "acercar la Unión a los ciudadanos" y en el hecho de que la petición española "no supondrá mayores obstáculos al funcionamiento de las instituciones" y los gastos derivados de ella serán sufragados por España.
OFICIALES Y DE TRABAJO
El memorándum que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero querría ver salir adelante en el Consejo reclama que todas las lenguas regionales españolas sean "oficiales y de trabajo" en la Unión Europea. El texto se refiere en concreto al "euskera, el gallego, y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la de las Illes Balears y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana".
Si se aceptan estas peticiones, los ciudadanos podrán dirigirse por escrito a todas las instituciones de la Unión Europea "indistintamente en cualquiera de las lenguas oficiales españolas".
El memorándum pide además que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en intervenciones orales en las sesiones plenarias del Parlamento, del Comité de las Regiones (CdR) y en su caso en el Consejo, "en particular cuando forme parte de la delegación española un representante de las Comunidades Autónomas", siempre que se solicite con una antelación de siete días hábiles. El Gobierno reclama a la UE la "publicación oficial" de los textos legales finales adoptados por procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Además, se solicita a la Comisión Europea que las lenguas cooficiales se incorporen al programa "Lingua" y puedan acceder a financiación europea. Todos los gastos administrativos que se deriven para las instituciones y otros organismos de la Comunidad Europea de la utilización de las lenguas a que se refiere este Anexo serán sufragados por España. El memorándum español va precedido por una declaración política en la que se destaca la "rica diversidad lingüística y cultural" de España, que encuentra su "reflejo jurídico" en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.
