Burundi/Ruanda.- Burundi expulsa a su país a cerca de 8.000 refugiados ruandeses tras un acuerdo con Ruanda
ACNUR y Amnistía Internacional advierten de que esta decisión viola el derecho internacional sobre refugiados
ROMA/LONDRES, 14 (EUROPA PRESS)
Cerca de 8.000 ruandeses fueron expulsados hoy del campo de refugiados de Songore (norte de Burundi) y repatriados a la fuerza a su país, en aplicación del acuerdo al que llegaron el pasado domingo los Gobiernos de ambos países, que calificaron a los desplazados de "inmigrantes ilegales" a los que se debía expulsar "utilizando la fuerza, si fuese necesario". La operación ha sido duramente criticada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por Médicos sin Fronteras (MSF), que contaban con personal en Songore. Amnistía Internacional afirmó, por su parte, que esta devolución "contraviene de manera absoluta el derecho internacional de los Derechos Humanos y sobre refugiados".
Según pudieron comprobar desde el terreno fuentes de la agencia misionera de noticias MISNA, el campamento ha quedado completamente vacío después de que el Ejército burundés expulsara a sus habitantes y los repatriara a Ruanda. El desalojo se produjo ayer por la tarde, con casi 24 horas de antelación respecto a lo que habían anunciado el domingo las propias autoridades de los dos países.
"Habían dado un plazo a la gente para que eligiese entre salir voluntariamente ayer o ser expulsada hoy, pero los expulsaron a todos de golpe", afirmaron a MISNA testigos presenciales del desalojo y del traslado de los refugiados a Ngozi, en la frontera con Ruanda y capital de esta homónima provincia del norte de Burundi.
DESALOJO "VOLUNTARIO"
"El campamento quedó cerrado hacia las cuatro de la tarde de ayer, explicó el administrador del campamento de Songore (situado a unos diez kilómetros de Ngozi), Jacques Bizobigomba. "Todos los ruandeses han sido repatriados o han partido voluntariamente", detacó este funcionario burundés. No obstante, un comunicado de ACNUR aseguró hoy que fueron "bien pocos los que salieron en el camión voluntariamente". "Los oficiales burundeses han denegado el acceso a los campos a miembros de ACNUR y no se nos ha permitido ver las condiciones en las que estas personas son colocadas en los camiones", afirmó un portavoz de la agencia de la ONU.
"He visto con mis propios ojos cómo se hacía salir a un grupo de mujeres, niños y ancianos en un camión requisado por el Ejército burundés", contó a MISNA un testigo presencial. "Nos dijeron que se trataba de un grupo de personas que ayer intentaron huir del campamento y que esto justificaba que los soldados les apuntaran con los fusiles", añadió.
"Entre gritos y llantos, esta gente fue 'acomodada' en el camión, una escena que tenía bien poco de voluntaria", añadió el testigo. "Luego, los soldados procedieron a cambiar las matrículas, sustituyendo las burundeses por ruandesas. Todo esto sucedió delante de los ojos de funcionarios de los dos países, pero también de diplomáticos occidentales y del personal de agencias humanitarias internacionales obligados a permanecer fuera de Songore después de que se les prohibiese el acceso al campamento", denunció este testigo en declaraciones a MISNA.
Tanto ACNUR como Médicos sin Fronteras han criticado la decisión de las autoridades de prohibir el acceso de su personal al campamento de refugiados. La expulsión de los refugiados ruandeses ya había creado serias fricciones entre los trabajadores humanitarios y el Gobierno de Bujumbura, que después de amenazar con expulsar a los miembros de las ONG, ayer les acusó incluso de "inflar deliberadamente el número de refugiados".
"En el interior del campamento sólo se encuentran 4.787 ruandeses y 153 burundeses. Los trabajadores humanitarios han inflado a propósito las cifras", afirmó Bizobigomba a la agencia burundesa de noticias 'Azania'.
LOS 'GACACA'
Según ACNUR, casi 8.000 ruandeses (sobre todo mujeres y niños) habían atravesado las fronteras desde el pasado mes de marzo por temor a la acción de los 'Gacaca', los tribunales populares ruandeses encargados de juzgar el genocidio de 1994 en Ruanda. Algunos refugiados adujeron otras razones para abandonar Ruanda, como las intimidaciones, la persecución y el temor a la venganza.
El caso es que lo que comenzó con la fuga de unos pocos centenares de personas se fue convirtiendo a lo largo de las semanas en un flujo de miles de ruandeses que han preferido abandonar su país antes de enfrentarse a la "venganza" de los 'Gacaca' ('Hierba' en lengua local, nombre con que se conoce a las asambleas de aldea).
Estos desplazamientos habían irritado al Gobierno ruandés, que en los últimos meses había comenzado a presionar a Burundi para que se encontrase una solución a esta huida masiva. Tras un acuerdo con Ruanda, el Gobierno de Burundi decidió no conceder a los ruandeses huidos el estatuto de refugiado, que había sido solicitado por las organizaciones no gubernamentales y por el propio ANCUR.
LA CONVENCION DE 1951
El ACNUR condenó hoy esta expulsión masiva. Desde Ginebra, el responsable de la agencia para Africa, David Lambo, afirmó ayer que esta decisión viola la Convención de Refugiados de 1951 de la ONU y que repatriar a personas "sin el procedimiento adecuado para determinar si son o no refugiados supone una violación de las leyes internacionales de refugiados".
En este mismo sentido se ha manifestado Amnistía Internacional, que ha pedido además que un seguimiento respecto a la seguridad y la integridad de los que ya han sido expulsados por parte de algún organismo de observación independiente, como el propio ACNUR.
"El uso de amenazas verbales o físicas para inducir a la gente a regresar a un país donde teme sufrir persecución es absolutamente contrario al derecho internacional, en particular al principio vinculante de no devolución", manifestó hoy el director del Programa Regional de Amnistía Internacional para África, Kolawole Olaniyan.
El artículo 1.F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados excluye de la protección internacional a aquellas personas sobre las cuales existen razones fundadas para pensar que han cometido un crimen contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o delitos graves de índole no política, o que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Sin embargo, advirtió Amnistía Internacional, la decisión de no reconocer a una persona la condición de refugiado por los motivos recogidos en la Convención sólo se debe tomar tras un examen exhaustivo de su solicitud, mediante un procedimiento justo y de acuerdo con el derecho y las normas internacionales, incluido el derecho a ser informado de las razones en contra, a rebatirlas y a apelar contra la decisión.
"La decisión de no conceder a una persona la protección reconocida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados no significa que Burundi pueda expulsarla o extraditarla a un país donde esté expuesta a sufrir graves abusos contra los Derechos Humanos o a ser sometida a un juicio injusto", manifestó la organización.
