Economía/Laboral.- Sevilla avanza que el plan de rejuvenecimiento de la Administración entraría en vigor en 2007
Dice que informó "largamente" a Solbes, aunque no a Caldera, y que no es incompatible con recomendaciones opuestas en el sector privado
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, avanzó hoy en el Senado que el plan de rejuvenecimiento de la Administración General del Estado, que contempla un plan de jubilaciones anticipadas, incentivadas y voluntarias para 25.000 funcionarios, y que debe ser pactado con los sindicatos, entraría en vigor en 2007.
En concreto, Sevilla manifestó que ve "complicado" el que esta iniciativa pueda entrar en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año 2006, ya que esta propuesta requiere la modificación de una ley y estimó que las negociaciones para ello se prolongarán durante el año próximo. "Creo que es un calendario razonable el tratarlo durante ese año y el año que viene", afirmó.
Asimismo, dejó claro que este plan ha sido "largamente hablado" con el vicepresidente económico, Pedro Solbes. "La última vez, en el propio viernes del Consejo de Ministros" de la pasada semana, precisó.
Ante las manifestaciones del secretario de Estado de Economía de que esta iniciativa era únicamente una reflexión, Sevilla negó que haya discrepancias al respecto en el seno del Gobierno.
"Estamos ante una propuesta que es imposible de valorar y cuantificar, porque no está concretada y no lo será hasta que se llegue al acuerdo", manifestó. Preguntado si había comunicado también su propuesta al Ministerio de Trabajo con carácter previo, respondió que "directamente, creo que no".
El ministro constató que su anuncio de ayer refleja el acuerdo que firmó con los sindicatos de la función pública en septiembre de 2004 y que "ha sido muy bien acogido por la inmensa mayoría de los ciudadanos y por la inmensa mayoría, desde luego, de los funcionarios".
A su juicio, estos últimos entienden culminado el proceso de transferencias a las comunidades autonómas y, por lo tanto, la Administración General del Estado "tiene todo el derecho del mundo a definir" cuál es el modelo que se quiere y "no siempre conformarse con la Administración que tenemos".
"Queremos una Administración más moderna, más agil, más eficaz, mejor coordinada, más preparada", apuntó el ministro, quien informó de que su Ministerio proponía esta misma tarde a los interlocutores sociales la convocatoria de una reunión del grupo de trabajo que ya estaba previsto en el acuerdo del pasado año.
PROPUESTA SIN CUANTIFICAR.
"El acuerdo, si lo hay y espero que así sea, tendrá que ser una ley. Es imposible en estos momentos calcular los costes ni afectados porque estamos en un proceso en el que va a depender de cuál sea el ámbito de aplicación de la medida, el período de edad a partir del cuál se prevea, del nivel de sustitución de los incentivos que se puedan eventualmente acoger", insistió.
Junto a ello, defendió la "voluntad libremente expresada de cada uno de los funcionaros" para acogerse o no al citado plan de prejubilación, que "en cualquier caso será financiado por clases pasivas del Estado y no por la Seguridad Social" ya que los funcionaros tienen un régimen de jubilación distinto.
RECOMENDACIONES OPUESTAS EN EL SECTOR PRIVADO.
Sevilla señaló que no ve "incompatible" que desde el Gobierno se frenen procesos de prejubilación provenientes del sector privado y se permita ahora con su iniciativa lo mismo en la Administración pública.
En este sentido, recordó que en España existe una "larga tradición y experiencia" en el sector privado al respecto, ya que ha ido recurriendo a procesos de jubilaciones anticipadas en los últimos años siempre con el consentimiento del Ejecutivo.
"Esa es una medida de la que no ha dispuesto el sector público hasta ahora. Es coherente el poder decir que se frenan diversos procesos en los que quizás se ha abusado mucho en el sector privado, y dejar que de manera concreta, selectiva y acotada se puede realizar en la Administración pública", manifestó Sevilla.
El ministro insistió en que la propuesta de permitir que los funcionarios se jubilen con 58 años, supone una plan "de rejuvenecimiento, recualificación, reubicación geográfica de personal al servicio de la Admininistración", al tiempo que recordó que ya se permite que un funcionario trabaje más allá de los 65 años antes de acogerse a la jubilación.
De modo que hablamos de medidas que tienen mucho que ver con ese principio de jubilación flexible previsto en el propio Pacto de Toledo", subrayó.
