El PP pedirá la dimisión de Alonso y que este y Bono declaren en el juicio por la detención militantes del PP
Astarloa acusa al Gobierno de utilizar el "aparato del Estado" para evitar que quienes tienen la responsabilidad política la asuman
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular pedirá la dimisión del ministro del Interior, José Antonio Alonso, al que culpan de no haber dado ningún tipo de explicación "como si la cosa no fuera con él" sobre la detención presuntamente "ilegal" de dos militantes del PP durante la manifestación convocada por la AVT el pasado mes de enero.
El secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa y el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, anunciaron también, durante una rueda de prensa que, en el escrito de acusación por la detención "ilegal" de dos militantes del PP presentado en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, los populares solicitan que declaren en calidad de testigos en el juicio, los ministros del Interior, José Antonio Alonso y de Defensa, José Bono, entre las 24 personas de las que solicitan su presencia.
Astarloa, quien ayer debatió con el ministro del Interior en una interpelación en el Parlamento sobre este asunto, anunció que presentará una moción en la que solicitará la dimisión del Ministro del Interior, al tiempo que anunció que el PP realizará en el ámbito jurídico y en el ámbito político todas las actuaciones necesarias hasta que el Gobierno rectifique su actuación y se produzca la "reparación debida". "No pasaba esto desde la edad media más que en las dictaduras", apostilló.
ALONSO, RESPONSABLE DE LAS DETENCIONES ILEGALES
El dirigente popular aseguró que Alonso había actuado ayer, durante la interpelación, como si "la cosa no fuera con él". Advirtió que el asunto sí es responsabilidad del ministro por que es el "responsable de que se hayan producido las detenciones ilegales y políticas".
Explicó también que el Gobierno "no ha dado contestación alguna" que desmienta "ni uno sólo de los hechos por los que en el PP venimos diciendo cómo se ordenó la detención por razones políticas y con el propósito evidente de desmerecer el éxito de la manifestación de la AVT y de atacar al PP en la persona de una ama de casa y un jubilado".
Según el secretario de Libertades Públicas del PP, el Ejecutivo "no tiene la más mínima intención de dar la cara, ni de dar una mínima explicación, ni de rectificar y tampoco de pedir disculpas por la detención ilegal".
APARATO DEL ESTADO PARA EVITAR RESPONSABILIDAD POLITICA
Ignacio Astarloa anunció que también pedirá el cese del Delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, por que este aseguró, antes de que se produjeran las detenciones, "sin que hubiera ningún indicio" que se iban a producir.
Con relación a la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir y al anuncio de la Fiscalía General de que apoyará a los policías imputados, acusó al Gobierno de utilizar a todo el "aparato del Estado en un intenso y desesperado intento de evitar que quienes tienen la responsabilidad política la asuman". En este sentido, añadió que tanto la Abogacía como la Fiscalía dan la "triste impresión" de estar "encubriendo" la responsabilidad.
El secretario general del PP de Madrid, por su parte, Francisco Granados, explicó el contenido del escrito de acusación que presentarán los representantes legales de los dos militantes del PP que fueron detenidos. En él se realiza un relato de los hechos, que consideran el mayor atentado contra los derechos y libertades, así como una calificación de los posibles delitos como de detención ilegal y falsedad en documento público u oficial y coacciones. Además solicitan una indemnización de 12.000 euros para cada uno de los militantes populares detenidos, que destinarán a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
También piden que sean citados en el juicio como testigos los ministros de Defensa e Interior, José Bono y José Antonio Alonso, así como el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez; el Jefe Superior de Policía de Madrid; el médico traumatólogo de la Clínica de las Tres Culturas de Toledo, Guillermo Carroquino, que realizó el parte de lesiones de uno de los escoltas de Bono y los militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. Además de ellos, se solicita la declaración de otras personas hasta un total de 24, entre las que están los tres funcionarios imputados.
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