Economía/Agricultura.- Miles de agricultores reclaman en Ciudad Real un giro radical en la política hidráulica
CIUDAD REAL, 1 (EUROPA PRESS)
Miles de agricultores, --más de 20.000, según los organizadores, y unos 7.000, según la Policía--, se manifestaron hoy por las calles de Ciudad Real, hasta llegar ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (GHG), reclamando un giro radical en la política hidráulica en lo que afecta a Castilla La Mancha.
La manifestación, convocada por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG-IR y la Unión de Cooperativas de Castilla La Mancha (UCAMAN), partía a las 11.00 horas de la zona del Torreón del Alcázar y finalizaba más de dos horas después, ante la sede de la CHG, sin que se produjera ningún incidente reseñable.
En su intervención final, los representantes agrarios consideraban como eje básico de ese giro que hay que dar a la política hidráulica, para que Castilla La Mancha pueda utilizar el agua para su desarrollo económico, igual que hacen otras regiones, la rápida elaboración y aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana, que estaba contemplado en el anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que debía haber entado en vigor en 2001.
Un Plan Especial del Alto Guadiana, según señalaban Antonio Castellanos, secretario regional de COAG-IR, y Fernando Villena, presidente regional de ASAJA, en el que debe quedar establecido el volumen de agua que estará a disposición de los agricultores y que debe contar con una dotación económica suficiente para que el mismo sea viable.
TRASVASE
Otro de los aspectos que deben cambiar, según apuntaron Alejandro Cañas, presidente de UCAMAN, y Cristóbal Torres, secretario regional de UPA, es el tema del trasvase desde el acueducto Tajo-Segura al Levante. El mismo, entendieron, sólo debe utilizarse para abastecer a las poblaciones, dedicando también buena parte del mismo a la recarga de los acuíferos sobreexplotados de La Mancha.
Para las organizaciones convocantes, Castilla La Mancha, una región seca, no puede ser la única comunidad autónoma que tenga la obligación de ceder agua, mientras otras comunidades, como Cataluña, con el trasvase del Ebro, negaron esa posibilidad y se la tuvo en cuenta.
POZOS ALEGALES
Con respecto a la moratoria anunciada por el Ministerio de Medio Ambiente para paralizar las sanciones y el cierre de pozos alegales en el Acuífero 23, hasta que pase el actual período de sequía, los representantes agrarios consideraron que no es suficiente.
En este punto, pidieron la legalización de todos los pozos que están en esa situación, la mayoría de cuales fueron autorizados de manera excepcional durante un anterior período de sequía hace unos 20 años.
Para aplicar todas estas medidas, indicaron Antonio Castellanos, de COAG-IR, y Villena, de ASAJA, si es preciso cambiar la actual legislación sobre el agua, cuya ley data de 1985, se cambia, pero lo que no se puede permitir, según puntualizó el segundo, es que la actual administración aplique la vigente normativa como "si de talibanes se tratara" en lugar de buscar soluciones.
ANTES Y DESPUES
Para agricultores y cooperativas, tras la manifestación de hoy, con la respuesta masiva que ha tenido, se marca un antes y un después a la hora de afrontar el problema del agua en la comunidad autónoma.
En su opinión, el respaldo conseguido se debe traducir en que no se dé ni un paso atrás en el camino emprendido, algo que se debe de materializar en la mesa de negociación propuesta desde el Gobierno central en la reunión mantenida con los organizadores de la protesta el pasado martes en el Ministerio de Medio Ambiente.
A la marcha de hoy por las calles de Ciudad Real, se han sumado todos los partidos políticos y organizaciones empresariales y sociales. Así, han asistido, entre otros, el portavoz del PSOE en las Cortes Regionales, José Molina, parlamentarios regionales de este partido y miembros de la Ejecutiva provincial y el coordinador regional de IU, Cayo Lara.
Por el PP, entre otros, han estado el vicesecretario regional, Alejandro Ballesteros, la portavoz del partido, Carmen Riolobos, y la presidenta provincial, Rosa Romero, además de diputados regionales y numerosos alcaldes, entre ellos, el de la capital, Francisco Gil-Ortega.
