Portugal.- La Administración pública portuguesa, parada por la huelga general de los más de 700.000 funcionarios
LISBOA, 15 (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro)
El 75%, según los sindicatos, y el 30%, según el Gobierno, de los más de 700.000 funcionarios públicos portugueses se han adherido hoy a la huelga general de la Administración pública en protesta contra la decisión del Gobierno de congelar las promociones internas, equiparar el subsidio por enfermedad con el del sector privado, y el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 65 años.
Estas medidas, adoptadas por el Ejecutivo que lidera el socialista José Sócrates para ayudar a combatir el elevado déficit público, que se estima en 6,83%, fueron contestadas desde el inicio, hace un mes y medio, y de forma unánime por todos los sindicatos de la administración pública que convocaron diversas manifestaciones, la más representativa la del 17 de junio que, según la organización, convocó a cerca de 50.000 personas en Lisboa, y ante la falta de acuerdo con el Gobierno optaron por convocar para hoy una huelga general.
Las cifras de sindicatos y gobierno sobre la adhesión a la huelga son muy dispares, mientras los primeros hablan de una participación de entre el 75% y el 80%, el Ejecutivo, por boca del ministro de Economía, Manuel Pinho, asegura que no pasa del 30%.
La huelga, apoyada por los tres principales sindicatos del sector, ha tenido un seguimiento medio, según los organizadores, superior al 75%, aunque en muchos sectores, como los puertos, la recogida de basuras y la salud, el seguimiento ha sido del 100%.
El presidente del STE/UGT, Bettencourt Picanço, explicó que la media global está entre el 75 y el 80% y apuntó los servicios de justicia, de meteorología, de la seguridad social, mataderos e inspección alimentaria como los más afectados por la huelga, aunque aclaró que "siempre se han respetado y cumplido todos los servicios mínimos".
Por su parte el Gobierno, a través del ministro de Finanzas, Luis Campos e Cunha, se mostró dispuesto a mantener conversaciones con los sindicatos, pero rechazó cualquier alteración del rumbo trazado por el gobierno. "Estamos abiertos al diálogo con el objetivo de la concertación social, pero no está en causa la política general que fue anunciada y que estaba en el programa del gobierno", dijo el ministro, que consideró que la huelga "es un derecho que asiste a los trabajadores" y que lo usarán "de la forma que mejor consideren para lograr los objetivos sociales que pretenden".
La huelga fue convocada hace unas semanas por iniciativa del Frente Común de los Sindicatos de la Administración Pública, y apoyada después por Sindicato de los Cuadros Técnicos del Estado (STE/UGT) y Sindicato de los Trabajadores de los Impuestos (STI/independiente).
Sin embargo, esta iniciativa pone en evidencia una escisión dentro de la UGT, ya que hay algunos grupos integrados en ella, como el Frente Sindical de la Administración Pública, que no están de acuerdo con esta huelga porque consideran que antes de optar por la paralización general se deben agotar todas las posibilidades de negociación. No obstante, ya advirtieron al Ejecutivo de Sócrates que si su posición se mantiene inamovible, en septiembre serán ellos los que apelen a "formas más radicales de protesta".
La última vez que las tres grandes organizaciones sindicales se juntaron para apoyar una iniciativa semejante fue en enero de 2004, en protesta contra la reforma de la Administración pública y la congelación de los sueldos promovida por el gobierno del entonces primer ministro, José Manuel Durao Barroso, actual presidente de la Comisión Europea.
