UE.- Bruselas impone a las empresas que dan servicio público contabilidades separadas
BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea presentó hoy una batería de medidas para dar mayor seguridad jurídica a la financiación de los servicios de interés económico general, entre las que destaca la obligación de que las empresas prestatarias (correos, transportes y otras) establezcan contabilidades separadas, para evitar que eventuales ayudas públicas sean utilizadas para financiar las áreas de la empresa puramente comerciales.
Según declaró hoy la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, esta obligación se fijará a través de la reforma de la Directiva sobre transparencia financiera. "El objetivo es que sea posible verificar que no hay sobreremuneración. Los Estados miembros tendrán un año para aplicar este requisito", dijo en rueda de prensa. A su juicio, este paquete, que ofrecerá a las autoridades públicas la posibilidad de ofrecer servicios de alta calidad, se basa en el principio de que son las autoridades nacionales de los Estados miembros, ya sea a nivel local, regional o nacional, quienes deben definir el concepto de servicio público. La Comisión sólo intervendrá si se presentan denuncias.
En segundo lugar, la definición del papel de servicio público deberá ser clara y transparente, de modo que cada uno pueda saber exactamente quién debe hacer qué. Finalmente, dijo Kroes, las ayudas entregadas a las empresas que otorguen estos servicios también deberán ser transparentes y disponer de un "margen de beneficio razonable". "Ello se asegura a través de que estas compañías no puedan utilizar ningún dinero dirigido a financiar el servicio público para competir de forma desleal", remarcó.
La comisaria subrayó además que se recortará la burocracia, puesto que se reducirán los casos en que las ayudas de servicio público tengan que ser notificadas sistemáticamente. No será necesario declarar las ayudas inferiores a 30 millones de euros al año, a condición de que sus beneficiarios tengan un volumen de negocios anual inferior a 100 millones de euros.
Por otra parte, gozarán de una exención de notificación los hospitales, viviendas sociales, servicios de transportes entre islas, puertos y aeropuertos pequeños.
Las normas no se aplicarán tampoco a los servicios públicos ofrecidos por las entidades no económicas tales como escuelas gratuitas o regímenes obligatorios de seguridad social, puesto que el dinero que reciben no es una ayuda de estado.
