Economía/Transporte-CE clarifica reglas de adjudicación del transporte público municipal para promover la liberalización
BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea propuso hoy una revisión de la normativa sobre la adjudicación de servicios de transporte público de carácter local, con el fin de avanzar hacia la entrada de nuevos competidores en un sector que tradicionalmente se han reservado monopolios públicos como la EMT madrileña, la RATP parisina o la STIB de Bruselas. Según los cálculos del Ejecutivo, dos tercios del sector podría estar liberalizado en una década.
Bruselas dará libertad a las autoridades competentes de los Estados miembros para que ofrezcan ellas mismas este servicio o lo abran a la competencia. En todo caso, deja claro que si las empresas que prestan este servicio en el mercado local quieren competir fuera de él deberán permitir la entrada a sus competidores. Es decir que, si por ejemplo el consorcio de la EMT que presta el servicio de transporte público en Madrid en régimen de monopolio quiere hacerlo fuera de la capital, deberá dejar que otras empresas puedan competir también en Madrid.
El comisario encargado de Transportes, Jacques Barrot, que presentó hoy en rueda de prensa la iniciativa, calcula en un 60% el nivel de apertura que tendrá el mercado del transporte público a nivel local al final del periodo transitorio que prevé la normativa revisada, diez años para los trenes y ocho para los autobuses.
El texto, que ahora deberá lograr el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo, obligará por tanto a las corporaciones locales a modificar sus contratos con las compañías de transporte para adaptarlos a la legislación europea. "Las ciudades europeas podrán elegir entre ofrecer su propia red de transporte o abrirlo a la competencia y podrán también elegir el operador que mejor se adapte a las necesidades locales", explicó Barrot.
El nuevo reglamento establece, además, reglas claras y simplificadas para el cálculo de las compensaciones financieras concedidas por las administraciones a los operadores de transporte público. Estas compensaciones deberán reflejar el coste real del servicio público, más un beneficio razonable. También exime a las corporaciones locales de notificarlas como ayudas de estado, siempre y cuando no superen determinados umbrales, lo que simplifica los trámites administrativos y da mayor seguridad jurídica.
Se establece también que cuando se elija un operador externo para los transportes urbanos se deberá hacer mediante oferta pública, pero en el caso del tren regional de larga distancia será opcional, no obligatorio.
OBSOLETO Y CONFUSO
El reglamento actual data de 1969, fue modificado por última vez en 1991 y el Ejecutivo comunitario considera que está "obsoleto, es confuso y no se adapta a las necesidades de movilidad" de los ciudadanos, que cada vez son mayores tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
La actual normativa tenía sentido en un contexto en el que los prestadores del servicio de transportes eran exclusivamente nacionales, regionales o locales, pero no responde a la evolución que ha tenido el sector, cada vez más liberalizado.
Se quiere también fomentar el transporte público a la vista de que sigue descendiendo frente al uso del coche particular y, entre 1970 y 2001, el empleo del coche ha pasado del 73% al 78%, mientras que el de los transportes públicos por carretera ha experimentado una caída del 24,7% al 16%.
Por otra parte, en comparación con propuestas anteriores de la Comisión Europea en esta materia, la presentada hoy da a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la aplicación del reglamento.
