Los hijos del matrimonio muerto hace un año en el incendio de Riotinto piden 639.337 euros a las administraciones
"Parece que el año pasado no pasó nada y este año ha pasado todo", denuncia una hija en referencia al reciente incendio de Guadalajara
SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
Los hijos del matrimonio sevillano fallecido justo hace hoy un año, al quedar atrapado su coche en el devastador incendio originado en Minas de Riotinto (Huelva), han interpuesto reclamaciones previas por responsabilidad matrimonial de la administración que ascienden a un total de 639.337,87 euros en concepto de daño personal por fallecimiento, daño patrimonial en sus propiedades y vehículo y daños morales
En rueda de prensa coincidente con el primer aniversario de la muerte de la pareja, el mismo día en que se originó el fuego que finalmente arrasó 35.000 hectáreas, los representantes legales de la familia resumieron que las administraciones reclamadas "no han inspeccionado, ni vigilado, ni velado por el cumplimiento de las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales, obviando el espíritu de la exposición de motivos de la Ley 5/1999 de prevención y lucha contra los incendios forestales en Andalucía".
Así lo detallaron en un comunicado facilitado a la prensa en el que advierten de que las reclamaciones fueron interpuestas el pasado 22 de julio de 2005 contra los ayuntamientos onubenses de El Campillo, Minas de Riotinto y Zalamea la Real; la Diputación de Huelva; las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas y Transportes; y los ministerios de Fomento y Medio Ambiente.
Los letrados Inmaculada Morgado y Máximo Sabugal, acompañados en la sala por el también representante de la familia Antonio Rubio, aclararon que no habían convocado a los medios aprovechando el reciente incendio ocurrido en Guadalajara y que se ha cobrado la vida de once personas, argumentando al respecto que "queríamos estar seguros de lo que íbamos a hacer" ya que la legislación en esta materia es "amplia y diversa" y ha resultado "complicado" concretar las peticiones administrativas en base a las periciales y pruebas aportadas.
"ESTO NO PUEDE QUEDAR IMPUNE"
En este sentido, anunciaron los abogados que las administraciones tienen tres meses para contestar a las reclamaciones previas y que, de atisbarse silencio administrativo, darán el paso de interponer una demanda administrativa en igual sentido. "Todos son responsables solidarios porque se trata de una concatenación de efectos", dijo Sabugal, al tiempo que Morgado señaló que la administración "jamás" contestó a la petición de 18 de octubre de 2004 de ayudas por los fallecimientos y que tan sólo recibieron 3.000 euros, dos meses después del incendio, por la pérdida de enseres "y no los 18.000 euros que se han dicho".
La hija del matrimonio Laura Capote Portijo, en nombre de sus hermanos María Irma y Alberto y del resto de la familia, también intervino en la rueda de prensa diciendo que, desde un primer momento, pensaron que "esto no podía quedar impune" y "con el tiempo hemos ido afinando las cosas" con los abogados, quienes no quisieron entrar a valorar a fondo el proceso penal que se sigue en un juzgado de Valverde del Camino (Huelva) contra el presunto autor del incendio, Emilio Perdigón.
"La familia no ha sido tratada por la administración", rechazando esta mujer cualquier tipo de "oportunismo" con el ya citado incendio de Guadalajara, si bien dijo que "parece que el año pasado no pasó nada y este año ha pasado todo". "Ningún organismo público nos ha brindado un pésame", exceptuando al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), aunque "uno espera que se nos hubiera dado al menos una corona de flores", comentó al respecto.
Laura Capote indicó además que "sentimos la pérdida día a día", dando al tiempo su pésame a las familias afectadas en Guadalajara, con las que en la familia se siente, así como con el resto de afectados en este tipo de sucesos, "totalmente identificada". "Parecía que estaba viéndome a mí misma hace un año", afirmó recordando el momento en que vio por televisión las imágenes de Guadalajara, mostrándose "indignados" con que se atienda a estas víctimas "desde todos sitios" mientras "el año pasado", y "por una negligencia", no se les pudo salvar la vida a sus padres.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS RECLAMACIONES
En el comunicado, los abogados de la familia detallaron la fundamentación jurídica de las reclamaciones ante los diferentes entes públicos. Así, las interpuestas contra los ayuntamientos se debe a lo que consideran "carencia de instrumentos de planificación contra incendios forestales; "inexistencia de planes de autoprotección, planes locales de emergencia por incendios forestales"; y el "incumplimiento del deber de vigilancia, cumplimiento y sanción de las administraciones locales".
Además, especificaron que el Consistorio de Minas de Riotinto es responsable por la tenencia dentro de su término municipal, concretamente en la barriada Los Cantos, de un "vertedero incontrolado" donde se originó el incendio. Mientras, la Diputación debe responder por el "incumplimiento en la conservación del estado de las carreteras".
Respecto a las consejerías de la Junta andaluza, tienen responsabilidad patrimonial por la "inexistencia de los planes de prevención de incendios forestales"; "incumplimiento en la conservación del estado de las carreteras"; "inexistencia del plan general de carreteras"; "inexistencia de planes de defensa"; y "errónea clasificación del nivel del incendio en la zona".
Por último, en cuanto a los mencionados ministerios de Fomento y Medio Ambiente, igualmente son responsables por la "inexistencia de los planes de ordenación de recursos naturales en el monte público" e "incumplimiento en la conservación del estado de las carreteras", así como la "inexistencia del plan general de carreteras".
