S.Ochoa.- ADEPA pide al fiscal de Madrid que investigue los casos de fallecimientos y aplique la Ley a los responsables
El escrito presentado adjunta tres anexos en los que se explican los requisitos que debería cumplir un correcto consentimiento informado
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones El Defensor del Paciente (ADEPA) y Defensa de la Calidad Sanitaria (DCS) solicitaron hoy al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que inicie una investigación que analice todos los casos de fallecimientos producidos por sedaciones en la unidad de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés y que actúe de acuerdo con la más estricta legalidad en los casos en los que se hubiera producido un coma inducido con resultado de muerte sin el consentimiento adecuado del paciente o su familia.
Asimismo, le reclamaron que "no considere suficientes" algunas explicaciones exculpatorias que declaran no probada la causa de muerte de algunos pacientes a los que se había administrado dosis letales a muy corto plazo de fármacos como morfina, tranxilium y midazolam. Junto a ello, pidieron a Moix que llame a declarar a los anteriores gestores del hospital para dilucidar la responsabilidad que pudieran tener en los hechos.
"Lo que realmente queremos decirle al fiscal jefe de Madrid es que esto no pase de puntillas y que ningún médico tenga patente de corso para hacer lo que quiera sin pedir permiso y sin dar la información correcta a los familiares o al paciente", explicó la presidenta de ADEPA, Carmen Flores, al término de su reunión con Moix.
CONSENTIMIENTO INFORMADO NO VÁLIDO
El escrito presentado por la Asociación del Paciente al fiscal jefe muestra la preocupación por el hecho de que una posible politización de los acontecimientos dificulte una investigación "seria y acorde con el ordenamiento jurídico".
Tanto ADEPA como DCS han hecho saber a Moix que no consideran válido el modelo de consentimiento informado presuntamente elaborado por el responsable de urgencias ya que, a su juicio, "no comunica al paciente o a su familia los efectos adversos que provoca el citado tratamiento".
"Por encima del cualquier otra circunstancia está el derecho del paciente a decidir. Es necesario que haya responsabilidades penales porque esto no es una responsabilidad administrativa. Aquí alguien se ha tomado unas atribuciones que no le correspondían sin consentimiento del paciente", sentenció Flores.
ANEXOS
Además, el escrito presentado hoy a la Fiscalía adjunta tres anexos en los que se tratan las características que debe reunir el consentimiento informado, incluido el coma inducido; la responsabilidad de las administraciones sanitarias en el caso de las presuntas sedaciones irregulares, y que aporta el registro de consentimiento informado utilizado en el Severo Ochoa.
De este modo, el documento detalla que entre los requisitos mínimos que debe reunir el consentimiento informado han de figurar un lenguaje comprensivo para el paciente o su familia sin términos que se presten a confusión como sedación superficial, sedación profunda o coma inducido; una encuesta que permita conocer si realmente el paciente comprende lo que le han explicado, los datos del paciente, familia o representante legal, datos del médico que solicita el consentimiento y la fecha de la firma,
Aparte, incluye el procedimiento que se va a efectuar y las alternativas al mismo, el beneficio que se pretende alcanzar con dicho tratamiento, los riegos genéricos y los específicos que pueden existir y la posibilidad de revocación del consentimiento.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS
Por otra parte, indica que la asociación DCS exige una respuesta a las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas para que regulen la obligatoriedad de solicitar el consentimiento a los pacientes o a sus familias "antes de administrar cócteles de fármacos como los utilizados en el Severo Ochoa".
El documento también aclara que las características de la sedación terminal hacen aconsejable que se regule la existencia de solicitud de consentimiento informado previo al coma inducido así como sus características, que se monitorice el uso de la sedación profunda como garantía de que se ha realizado correctamente y, en su caso, se detecten precozmente las posibles anomalías; y que se controle adecuadamente el uso de fármacos destinados a este tipo de sedación.
"La responsabilidad política de lo sucedido corresponde a las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas ya que no han establecido los mecanismos legales y de monitorización adecuados", concluye el texto remitido al fiscal jefe de Madrid.
