Ayuntamiento marbellí rechaza que haya corrupción inmobiliaria, aunque ve 'positivo' que la Justicia lo aclare
MARBELLA (MALAGA), 27 (EUROPA PRESS)
El actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está "tranquilo" tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra la alcaldesa, Marisol Yagüe; su antecesor en el cargo, Julián Muñoz, y otros siete concejales marbellíes por corrupción inmobiliaria, al considerar que ha obrado de manera "legal y totalmente regular". Incluso, a su juicio, es "positivo que la Justicia aclare cualquier duda".
Fuentes municipales explicaron que el caso se basa en un convenio urbanístico que el ex regidor Julián Muñoz firmó con la empresa Construcciones Brick 2000, a través del cual cedió un local a dicha sociedad como modo de pago por unas obras realizadas en el municipio.
Mas tarde, la citada empresa, al comprobar que el local estaba a nombre de un tercero y no a titularidad del Ayuntamiento y que, además, era una propiedad embargada, "amenazó con denunciar al Ayuntamiento por estafa" e, incluso, podría haber exigido responsabilidades por daños y perjuicios por todos los años que no ha utilizado el inmueble.
Ante esta situación, Yagüe, junto a su equipo de gobierno, aprobó en la Junta de Gobierno Local, con el informe favorable del secretario y del interventor municipal, ceder a esta empresa otras propiedades del Consistorio --en concreto dos áticos-- en compensación. "Ni siquiera se hizo por decreto de Alcaldía, si no que se quiso contar con los informes favorables del secretario y del interventor", añadieron las fuentes consultadas.
MEDIDA "ADECUADA"
Para el Consistorio, la medida que adoptaron fue "real" y "adecuada", al tiempo que apuntaron que es "estupendo" que se investigue, ya que consideran los juzgados "el lugar ideal para ventilar estos asuntos".
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Juzgado Decano de Marbella una querella por prevaricación contra Yagüe, Muñoz y otros siete concejales marbellíes --María Luisa Alcalá, Isabel García Marcos, Tomás Reñones, Carlos Fernández, Rafael Calleja, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez-- por adjudicar directamente a la empresa Construcciones Brick 2000 inmuebles municipales en pago de una deuda contraída con la entidad por la remodelación de varias plazas y calles del municipio.
La querella, dada a conocer hoy, explica que el 1 de julio de 2002 el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, firmó un convenio con Construcciones Brick 2000, por el que se cedían "bienes en pago de deudas, en virtud del cual el Ayuntamiento se comprometía a enajenar en pública subasta determinados inmuebles de su propiedad con cuyo producto se atendería al pago de la deuda contraída, nacida de obras efectuadas por dicha promotora a favor" del Consistorio, por importe de 860.421,49 euros.
Tras declararse desierta la subasta, el 13 de mayo de 2003, se cedieron varios inmuebles a la constructora, pero no todos los que habían sido objeto de subasta. El valor de tasación de los inmuebles adjudicados directamente ascendía a 849.492 euros. En la escritura constaba que el Ayuntamiento debía 12.207,25 euros a Construcciones Brick.
El 16 de octubre de 2003, a propuesta de la nueva alcaldesa, se aprobó un contrato de arrendamiento entre el Consistorio y Construcciones Brick 2000, por el que ésta alquilaba un local al Ayuntamiento por un año con una renta de 50.400 euros. El local, ubicado en el conjunto residencial Al Andalus, era uno de los bienes de propiedad municipal objeto del convenio de cesión en pago de deudas.
En octubre de 2004, al finalizar el contrato de arrendamiento, se suscribió sobre el mismo local un convenio de permuta por dos inmuebles de propiedad municipal del conjunto residencial Lunamar. Aunque la operación se justificó con la necesidad del Ayuntamiento de contar con un local para los servicios municipales, el contrato mencionaba que sobre el local del conjunto Al Andalus pesaba un embargo, que no había sido tenido en cuenta en el momento de adjudicar dicho bien en pago de las deudas municipales.
PREVARICACION
En opinión de la Fiscalía, la actuación de los concejales marbellíes constituyó un delito de prevaricación por adjudicar directamente bienes de propiedad del Ayuntamiento en favor de Construcciones Brick, tras declarar desierta la subasta por la que se pretendían enajenar.
Según la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, si se declara desierta una subasta, tiene que abrirse el pertinente procedimiento negociado, con objeto de asegurar la concurrencia de otros interesados, para obtener el máximo rendimiento de los bienes de propiedad municipal a enajenar.
Anticorrupción afirma que Julián Muñoz es el "verdadero artífice de la trama urdida de cara a transmitir los bienes municipales a la entidad Construcciones Brick".
