Fiscalía e Interior piden mantener la prohibición de la marcha de Batasuna por creer que hay peligro de desórdenes
Goirizelaia dice que "no se ha acreditado" que la convocatoria sea de Batasuna, ni que vaya a existir alteración del órden público
BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio Fiscal y el abogado del Gobierno vasco pidieron hoy la desestimación del recurso interpuesto contra la resolución del Departamento de Interior que prohibe la manifestación de Batasuna convocada para mañana en San Sebastián al considerar que existen razones "fundamentadas" de que se puedan producir alteraciones de órden público.
Por su parte, Jone Goirizelaia, en representación legal del ex concejal de Batasuna y miembro de la plataforma ilegalizada 'Baga Boga', Iñigo Balda, quien solicitó la autorización para celebrar la marcha a la Consejería de Interior, afirmó que "no han sido acreditados" los argumentos defendidos por el Departamento dirigido por Javier Balza en relación a la posibilidad de que se produzcan altercados, ni que Batasuna haya convocado la manifestación.
La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por Manuel Díaz de Rábago, celebró hoy, a las once de la mañana, la vista para decidir si confirma o revoca la prohibición de la manifestación de mañana en San Sebastián.
De esta forma, en la vista, la Fiscalía, el Departamento de Interior y la abogada Jone Goirizelaia defendieron sus posturas ante la Sala de Vacaciones del TSJPV, que comunicará su fallo a las partes a las siete de esta tarde.
En el transcurso de la vista, el representante del Departamento de Interior del Gobierno vasco esgrimió que el plazo de 72 horas para dictar resolución tras la notificación el 5 de agosto de la manifestación se ha contado "desde el momento en que puedan existir razones fundamentadas de alteración o desórdenes públicos".
En ese sentido, precisó que hasta el 9 de agosto, día en que se ofreció la rueda de prensa en la que Arnaldo Otegi mostró su adhesión a la marcha, "existía sólo la sospecha de que los convocantes de la manifestación fueran los mismos que los de la marcha del 23 de julio", convocada tras la muerte en accidente de tráfico en Francia del miembro de ETA Imanol Gómez.
No obstante, explicó que tras la rueda de prensa en la que compareció Iñigo Balda junto a Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale se supo que "tres de las cinco personas" que ofrecieron la comparecencia "ya habían sido promotores de la manifestación del 23 de julio, que terminó con graves incidentes".
Además de tener en consideración los incidentes y los actos de violencia callejera registrados tras prohibirse la manifestación del 23 de julio convocada por la muerte de Imanol Gómez, el abogado del Departamento de Interior recordó que mañana se aventarán las cenizas del miembro de ETA fallecido, "con lo que el peligro de desórdenes públicos resulta más fundado aún que el día en que se adoptó la resolución de prohibición".
Asimismo, consideró que "las señales de peligro se han ido haciendo más claras en los días posteriores" y, en ese sentido, recordó las declaraciones del dirigente de Batasuna Joseba Alvarez advirtiendo de que la manifestación se puede convertir en "una batalla campal" si actua la Ertzaintza.
Por su parte, la fiscal pidió la desestimación del recurso presentado contra la prohibición de Interior y apoyó la exposición de argumentos de la defensa del Departamento de Interior. Según indicó, la Administración "tiene conocimiento el 9 de agosto de que la convocante es en realidad Batasuna, lo que es un elemento nuevo del que se puede deducir que se produzcan altercados de órden público".
Además, precisó que la resolución del Departamento de Interior "no hace referencia a la capacidad física de la persona convocante" y consideró que "existen indicios razonables más que suficientes" de que la manifestación notificada por Balda "es idéntica" a la que se adhirió el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, el día 9 de agosto, "porque es el mismo lema, el mismo recorrido y el anagrama de Batasuna está en la pancarta".
También consideró que mañana, con la previsión de homenaje a Imanol Gómez, "existe el clima propicio para que se produzcan altercados, lo mismo que el 23 de julio".
CONVOCANTES
Goirizelaia consideró que el Gobierno vasco "no tiene ningún tipo de dato de ninguna clase para mantener la resolución". Según recordó, Iñigo Balda presentó el escrito notificando la manifestación de mañana el pasado 5 de agosto, pero la resolución de Interior no fue comunicada hasta el 10 de agosto, cuando el "plazo legal" para comunicar la resolución es de 72 horas, "salvo que se dé alguna razón o circunstancia sobrevenida o dato nuevo", con lo que esa prohibición "se puede dar con posterioridad".
La abogada de Balda afirmó que los argumentos esgrimidos por Interior en su resolución prohibiendo la manifestación "no son sobre datos nuevos que el Departamento de Interior haya conocido con posterioridad" a la notificación de la marcha, por lo que, a su juicio, la prohibición "se hace por otra serie de circunstancias, como la presión política". En su opinión, se está intentando hacer "una especie de aplicación fraudulenta de la ley, en base a intereses ajenos a la propia legalidad existente".
Insistió en que Interior conocía los mismos datos en relación a la trayectoria de Balda 72 horas después de la notificación que el día 10 de agosto, fecha en la que se conoció la prohibición, y recordó que el ex concejal de Batasuna ya solicitó la celebración de la manifestación del pasado 23 de julio, que también fue prohibida y finalmente desconvocada, aunque se produjeron incidentes al intentar sus convocantes celebrarla.
"El Departamento de Interior conocía perfectamente quién era el convocante o, no sabía quién es y, de repente, sale en los medios de comunicación con Otegi llamando a la manifestación y se les abren los ojos", añadió.
En cuanto a las razones para prohibir la manifestación argumentadas en base a los autos de ilegalización de Batasuna, Goirizelaia recordó los autos dictados en los que se precisa que "personas particulares, aunque hayan sido miembros de HB-EH-Batasuna no tienen suspendidos sus derechos, sólo cuando puedan llevar adelante actividades políticas".
"El convocante no es Batasuna, es Balda, quien tiene todos sus derechos civiles en vigor y está ejerciendo un derecho fundamental de la personas", añadió para apuntar que "el hecho de que alguien diga que va ir a esa manifestación, aunque sea de Batasuna, no quiere decir que vaya a actuar en política".
En cuanto al argumento de Fiscalía y defensa del Gobierno vasco de que se puedan producir alteraciones de orden público, Goirizelaia criticó que la resolución "no explica los argumentos", sino que "dice que se van a producir y recuerda hechos producidos antes", pero "no analiza las manifestaciones llevadas a cabo en los últimos diez años en esta misma fecha, porque no ha habido ningun incidente".
Goirizelaia advirtió de que "no se puede prohibir en prevención de desórdenes públicos sin acreditar y sólo en base a intereses políticos de otros partidos o instituciones".
Reiteró que los argumentos de desórdenes públicos "no han sido acreditados" y consideró que "no se puede hablar en genérico, sino que hay que hablar de alteraciones unidas al caso concreto". "No han demostrado que esa manifestación convodada para ese día vaya a tener ninguna alteración de orden publico y creemos que la sala, al final, haciendo una ponderación de todas las argumentaciones tomará en consideración nuestro recurso", señaló.
