Argelia.- Buteflika consigue un amplio apoyo a su plan de amnistía para los crímenes de los años noventa
Las organizaciones de Derechos Humanos afirman que la Carta de Paz y Reconciliación Nacional institucionaliza la impunidad
ARGEL, 30 (EUROPA PRESS)
Más del 97 por ciento de los electores argelinos aprobaron en el referéndum celebrado ayer la Carta de Paz y Reconciliación Nacional propuesta por el Gobierno en virtud de la cual se concederá una amplia amnistía tanto a las milicias islamistas como a las fuerzas de seguridad del Gobierno por los crímenes cometidos durante los años noventa, según informó el ministro del Interior, Noureddin Yazid Zerhuni. Las organizaciones de Derechos Humanos aseguran que la nueva norma institucionaliza la impunidad e impide que se haga justicia y se sepa la verdad de los hechos.
El 97,36 por ciento de los argelinos aprobaron el plan del Gobierno, que supone un fuerte espaldarazo para el presidente Abdelaziz Buteflika, según informó el ministro en rueda de prensa. Asimismo, indicó el ministro, la tasa de participación, que incluye a los emigrantes argelinos en el extranjero, fue del 79,76 por ciento.
En el interior del país, la participación fue del 82,04 por ciento, mientras que sólo votó un 35 por ciento (poco más de cuatro millones) de los más de 18 millones de argelinos que residen en el exterior. Las mayores tasas de participación se dieron en Laghaut y Batna, dos regiones que, según el ministro, sufrieron con fuerza la violencia terrorista.
En cambio, las peores tasas de participación se registraron en las regiones de Kabilia, Tizi Uzzu y Beyaia, en las que hay una fuerte presencia del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) y de la Agrupación para la Cultura y la Democracia (RCD), que pidieron la abstención con el argumento de que los culpables deben ser llevados a la justicia. Por otra parte, el movimiento cívico Aruch convocó una huelga general pero no se pronunció sobre el voto.
El objetivo declarado del Gobierno con esta Carta de Paz y Reconciliación Nacional es dejar atrás una década de violencia que dejó entre 150.000 y 200.000 muertos y miles de desaparecidos. Para ello, la Carta establece que se anulan todas las querellas criminales presentadas contra los grupos que depusieron las armas en 1999 y contra quienes lo hagan a partir de ahora. Sin embargo, la Carta excluye de la amnistía a quienes hayan participado en masacres, violaciones o ataques con bombas en lugares públicos.
Con estas medidas se pretende también la desmovilización de los Grupos de Legítima Defensa (GLD), una organización paramilitar creada por el Estado Mayor del Ejército en 1994 con el doble objetivo de recabar información y enfrentarse a los grupos islamistas armados en las zonas rurales contando para ello con hombres de la zona.
LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Buteflika ha insistido siempre en que su proyecto de reconciliación nacional, eje central de su programa electoral, no supondría una amnistía general, pero lo cierto es que no todos los argelinos aceptan la pretensión del presidente de perdonar y olvidar, y no faltan quienes aseguran que el objetivo real de la Carta es exonerar a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados de sus responsabilidades por graves violaciones de los Derechos Humanos.
La Liga Argelina de Derechos Humanos (LADDH), dirigida por la abogada Boudjema Ghechir, declaró recientemente que "los Derechos Humanos y las libertades fundamentales podrían verse socavados por ciertas disposiciones de la Carta, incluido el derecho a la protección de la memoria colectiva", un derecho que a juicio de esta organización es fundamental para alcanzar la paz. "Luchar contra la impunidad es un elemento central de las reparaciones y la justicia para las numerosas víctimas y sus familias", añadió.
Otras asociaciones de Derechos Humanos denunciaron que las autoridades no les dieron los cauces necesarios para organizar una campaña en la que poder defender su oposición a la Carta. La Coalición para la Cultura y la Democracia (RCD) denunció ante los medios de comunicación la falta de debate y rechazó "toda concesión a los islamistas radicales".
Por su parte, el Comité de Ciudadanos para la Defensa de la República (CCDR) rechazó tanto la forma como el fondo de la propuesta presidencial. "No puede haber reconciliación nacional entre dos proyectos de sociedad diametralmente opuestos", aseveró. "El pueblo no puede, como se le pide, conceder carta blanca al jefe del Estado para llevar a cabo medidas tan determinantes para su futuro", medidas "cuyo contenido y alcance ignora" y que podrían "desembocar en una amnistía general que deje en la impunidad crímenes imprescriptibles", añadió.
Varias organizaciones internacionales de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Internacional para la Justicia de Transición, la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Internacional de los Derechos Humanos, advirtieron de que el proyecto de Buteflika podría privar para siempre a las víctimas y a sus familias "de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación".
El presidente Buteflika reconoció a principios de este año que en el curso del conflicto, que comenzó en 1992 y duró casi toda la década de los noventa, murieron cerca de 200.000 personas. Decenas de miles eran civiles, hombres, mujeres y niños muertos en ataques. Asimismo, miles de personas fueron torturadas bajo custodia y miles más desaparecieron tras haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad o fueron secuestradas y ejecutadas sumariamente por grupos armados.
En la gran mayoría de los casos, según estas organizaciones, las autoridades no tomaron medidas para aclarar las circunstancias de los crímenes y poner a disposición judicial a sus autores, a pesar de los incansables esfuerzos de las víctimas y sus familias por conocer la verdad y proporcionar información a las autoridades judiciales en los casos en los que se han presentado denuncias.
"En este contexto, una amnistía general dejaría sin resolver el legado del pasado y podría menoscabar de manera permanente las perspectivas de protección plena de los Derechos Humanos", aseveraron las organizaciones internacionales. Asimismo, "impediría sacar alguna vez a la luz en los tribunales argelinos la verdad de los delitos cometidos, eliminando así toda oportunidad de conseguir que la justicia y la rendición de cuentas formen parte del proceso de transición a la paz", añadieron.
Lo cierto es que desde 1999, ningún dirigente de los diferentes grupos armados ha pedido perdón a las familias de las víctimas ni ha expresado el menor pesar por los crímenes cometidos.
PARTIDARIOS DE LA CARTA
No obstante, varios partidos políticos y algunas asociaciones se mostraron a favor de la Carta de Paz y Reconciliación Nacional, e incluso participaron junto a Buteflika en los actos públicos de apoyo al proyecto. Es el caso de la asociación faminista Iqraa, cuya presidenta, Aicha Barki, afirmó que el plan permitirá al país "salir del túnel para dedicarse al desarrollo y a la reactivación socioeconómica".
Por su parte, la secretaria general de la Unión Nacional de las Mujeres Argelinas (UNFA), Nuria Hafsi, recordó que "la mujer fue víctima por partida doble de la violencia terrorista", pese a lo cual defendió la Carta, porque coloca "el interés nacional por encima de todas las consideraciones partidarias o ideológicas". Asimismo, la presidenta de la Asociación Argelina para la Promoción de la Mujer Rural, Saida Benhabyles, declaró que la reconciliación nacional es "una reivindicación popular".
En un tono más ambiguo, el arzobispo católico de Argel, Henri Teissier, afirmó a mediados de septiembre que "la fe nos obliga a considerar que la reconciliación nos lleva al perdón", aunque precisó que "el perdón es un acto personal y responsable que necesita tiempo". "Ninguna ley puede imponer el perdón y el perdón no puede sustituir a la justicia", añadió.
