Inmigración-Caldera estudiará dar permisos de residencia y trabajo a los subsaharianos ilegales hasta su expulsión
El ministro dice que la inmigración ilegal "prácticamente no existe" en España y que los centros de internamiento son "modélicos"
RABAT, 11 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Antonio Rodríguez)
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció hoy que estudiará la petición del Senado de que se den permisos de residencia y trabajo con carácter extraordinario a los inmigrantes ilegales que salen de los centros de internamiento tras un período de 40 días y hasta que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio español.
Caldera señaló en rueda de prensa que la normativa española, aprobada por el anterior Gobierno del Partido Popular, es "garantista" y el Ejecutivo socialista la defiende. "Establece que si un ciudadano irregular, después de 40 días no ha podido ser repatriado a su país de origen debe ser puesto en libertad. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos eso es lo correcto. El debate está ahora en que efectivamente esas personas quedan en una situación indefinida al quedar en libertad pero sin los permisos correspondientes para estar regularmente en un país o para poder trabajar", constató el ministro tras participar en la Conferencia euroafricana sobre migración y desarrollo.
"Eso es lo que tenemos que estudiar en el futuro. Hay una propuesta del Senado aprobada por unanimidad para estudiar esa situación y me propongo hacerlo en el futuro", señaló Caldera. La Cámara Alta instó al Gobierno el pasado 20 de junio a que estudie conceder autorizaciones de residencia y permisos de trabajo "de carácter extraordinario" a estos inmigrantes hasta que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio comunitario.
El texto aprobado en el Senado recogió una moción de Entesa Catalana del Progrés, que destacó el creciente problema de los inmigrantes, especialmente subsaharianos, que no pueden volver a su país y que tras pasar 40 días internados, quedan en libertad sin documentación por lo que no pueden trabajar legalmente.
El ministro subrayó que había explicado a los representantes europeos y africanos en esta Conferencia la política que el Gobierno socialista ha aplicado en España en los dos últimos años, en especial, con la regularización de más de 600.000 inmigrantes que se encontraban en situación irregular.
"Creo que este plan de acción se asemeja mucho a la política que ha venido realizando el Gobierno de España en los dos últimos años en materia de inmigración. Hay que facilitar la inmigración legal de los trabajadores con una atención especial a la inmigración de carácter circular y temporal, y por supuesto, el refuerzo en los países de origen y de destino de la política de la lucha contra las estructuras que favorecen el empleo irregular de los inmigrantes", indicó.
CENTROS "MODÉLICOS" DE INTERNAMIENTO
En su opinión, este fue el "punto clave" del proceso de regularización en España. "Considerábamos inaceptable y hoy toda Europa y los países africanos aquí representados lo avalan, inaceptable el que existieran cientos de miles de personas trabajando de modo irregular como ha puesto el señor (comisario europeo de Justicia e Interior, Franco) Frattini. Este es el principal factor de atracción de inmigrantes irregulares, es decir, el trabajo sumergido e irregular es el verdadero efecto llamada que tenemos que combatir", insistió.
Además, se refirió a la nueva política española de facilitar cupos anuales de inmigración legal para los países subsaharianos. "España ha elaborado una nueva política de inmigración que consiste en abrir sus mercados laborales a la contratación hacia el exterior. ¿Cuál es su capacidad? La que deciden los empresarios. No le puedo decir la capacidad de cada día y de cada mes, sino la que necesitan los empresarios a través de un procedimiento de elaboración de un catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura que se ofrece al exterior", explicó Caldera.
El ministro hizo hincapié en que en la actualidad "prácticamente no existe" la inmigración ilegal en España y que, al menos, se ha reducido "mucho" este fenómeno, al tiempo que dejó claro que los centros de internamiento están "cuidados exquisitamente" y son "modélicos" en la actualidad sin que su Departamento haya recibido "ninguna queja" al respecto.
