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El Congreso insta al Gobierno a mejorar la 'garantía de intimidad' de los incluidos en el fichero de infectados por VIH



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Sanidad del Congreso aprobó hoy por unanimidad una proposición no de Ley, presentada por el BNG y enmendada por el Grupo Socialista, por la que insta al Gobierno a "mejorar la garantía de la intimidad" de los incluidos en el fichero de datos de carácter personal sobre nuevas infecciones por VIH.

La decisión de la Cámara Baja se produce después de que la Audiencia Nacional declarara en abril nula de pleno derecho la orden ministerial por la que se creó el fichero en 2000 tras una denuncia por vulneración del derecho a la intimidad, estando pendiente la validez de la norma de una sentencia del Tribunal Supremo.

Según el texto aprobado hoy, el Ejecutivo tendrá que proceder al "análisis y, en su caso, adopción, de nuevas medidas sobre la estructura del fichero" de forma que se pueda mejorar la "garantía de la intimidad" de los interesados "sin menoscabo de las necesidades de salud pública de interés general, y sin perjuicio de la sentencia que, en su día, dicte el Tribunal Supremo".

Según la diputada del BNG Olaia Fernández, que destacó la importancia que tiene disponer de datos sobre nuevas infecciones or VIH desde el punto de vista de la salud pública, resulta "primordial" mantener una "confianza mínima sobre un sistema respetuoso con la intimidad de las personas, que prefiere detectar lo antes posible la infección, para actuar sobre ella, a conocer los detalles individuales y nominativos de cada caso".

No obstante, advirtió de que "cualquier elemento, sea de orden epidemiológico, legal y/o policial, que inhiba en nuestra comunidad la realización temprana de los test de detección de la infección por VIH, invalida el trabajo desarrollado hasta ahora en materia de prevención, confianza en el sistema sociosanitario y reducción del estigma asociado a dicha infección".

Por su parte, Alberto Fidalgo, del Grupo Socialista, puso de relieve la importancia de conciliar la defensa del interés general, mediente el conocimiento de las actuales prácticas de riesgo para contraer VIH, y del derecho a la intimidad de las personas. Asimismo, recordó que el fichero, que es epidemiológico y no administrativo está sometido "al nivel más alto de confidencialidad" otorgado por la legislación de protección de datos personales.

En todo caso, estimó que la "controversia" actual sobre el fichero "no resuelve el problema" y además introduce "una inseguridad que hace que corra el riesgo de bloquearse" provocando una "pérdida irreparable".

Por otro lado, la diputada del Grupo Popular Dolores Rodríguez se mostró de acuerdo en la necesidad de que exista un "centro de datos" como "único modo de conocer la evolución de la enfermedad", así como para evaluar la efectividad de las medidas preventivas. En este sentido, señaló que a su juicio el debate debe centrarse en la garantía de privacidad de los datos incluidos en el registro.

RECHAZO DE INICIATIVAS EN FAVOR DE LOS CELIACOS

Por otra parte, la Comisión de Sanidad rechazó, con los votos del PSOE, sendas proposiciones no de ley presentadas por PP y CiU para mejorar el etiquetado de los productos sin gluten para los enfermos celíacos, y establecer incentivos fiscales y bonificaciones a la industria y a las familias de los afectados.

Ninguno de los textos salió adelante después de que los grupos proponentes rechazaran aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, que se negó a apoyar las iniciativas tal y como estaban redactadas al entender que los incentivos a empresas de alimentos podrían considerarse como ayudas de estado por la Unión Europea, y las bonificaciones a las familias vulneran la actual regulación del IRPF.

En cuanto a la posibilidad de excluir a Canarias del gravamen del Arbitrio Insular de Entrada de Mercancías de los alimentos sin gluten, la diputada socialista Isabel Salazar indicó que supondría ir en contra del Estatuto de Canarias, además de ser necesario un informe al respecto por parte del Parlamento canario.

La proposición del Grupo Popular integraba una decena de medidas, entre las que destacaban establecer un sistema de incentivos fiscales y de bonificaciones a la industria y a las familias, "que permita compensar a los que, por prescripción facultativa, deban consumir alimentos sin gluten por padecer la enfermedad celiaca"; y trasponer la normativa europea que establece la obligación de indicar en el etiquetado los ingredientes presentes en los productos alimenticios, especificando la prohibición de utilizar términos o frases que induzcan a error al consumidor, tal como "puede contener gluten" o "puede tener trazas de gluten".

El texto presentado por el Grupo Popular perseguía también regular por real decreto que en todos los comedores escolares se ofrezcan dietas sin gluten o en su defecto, se autorice a los celíacos a llevar el alimento de casa, así como establecer a través de programas sociales líneas de apoyo económico a familias de menor poder adquisitivo con pacientes celiacos a su cargo.

En cuanto a la proposición de CiU, tenía como objetivo instar al Ejecutivo a "garantizar el correcto etiquetado de todos los productos sin gluten y a publicar, con carácter periódico, el correspondiente listado actualizado de alimentos permitidos para el consumo de quienes padecen la enfermedad celíaca".

Asimismo, pretendía que el Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobara un proyecto de Ley en el que se arbitre "un sistema de bonificaciones e incentivos impositivos para compensar a los que, por prescripción facultativa, deben consumir alimentos sin gluten por padecer la enfermedad celíaca".

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