Noticias de sociedad - Cuestiones sociales

Zapatero quiere acudir personalmente mañana al pleno del Congreso para votar a favor de la Ley de Violencia de Género

El PSOE negocia el blindaje del texto con los grupos parlamentarios, que lamentan la "excesiva rapidez" en su tramitación

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere acudir mañana personalmente al pleno del Congreso para votar a favor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, según informaron hoy fuentes gubernamentales. El jefe del Ejecutivo espera que el texto sea aprobado con el máximo acuerdo posible dado que entiende que hay una buena disposición del arco parlamentario.

El proyecto se enfrenta mañana a su último trámite en la Cámara Baja para ser remitido al Senado. Por ello, durante toda la semana, y especialmente en el día de hoy, los socialistas negocian con todos los grupos a fin de lograr el máximo acuerdo en torno a la futura Ley. El texto verá la luz en cualquier caso porque ninguna formación tiene la intención de votar en contra, y sólo se necesita mayoría absoluta para votar el carácter orgánico de la Ley, al que tampoco nadie se opone.

No obstante, las negociaciones de los socialistas se centran en blindar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales al proyecto de Ley para evitar que alguna de las numerosas enmiendas de la oposición que se mantienen vivas para el debate del pleno sean aprobadas por el resto del hemiciclo, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.

A pesar de la disposición de los grupos a no votar en contra de una Ley que persigue la protección a las mujeres víctimas de violencia de género, los portavoces de PP, CiU, ERC, Izquierda Verde y BNG, por el Grupo Mixto, consultados por Europa Press, lamentaron la excesiva rapidez con la que se ha tramitado una norma de tanta envergadura.

La inciativa llega al hemiciclo tras una sóla reunión de Ponencia y otra de Comisión, acompañadas de reuniones informales. Esta tramitación hace que el debate de mañana pueda ser más difícil de lo habitual, pues los grupos defenderán multitud de enmiendas parciales.

ASEGURADO EL "SÍ" DE ERC

En cuaquier caso, el dictamen contará con el "sí" de los diputados de Esquerra Republicana (ERC). La diputada Rosa María Bonás, confirmó su apoyo al texto por las modificaciones introducidas encajan con diversas de sus propuestas y con la intención de que la Cámara Alta sigua mejorando la redacción, en lo que se refiere especialmente a los temas cometenciales y la representación de las comunidades autónomas.

A pesar de ello, los republicanos no están satisfechos. "No estamos satisfechos. No habría pasado nada si hubieramos dedicado más tiempo a la negociación. Esta norma habrá que rectificarla muchas veces porque no se entienden muchas cosas", dijo la portavoz de ERC, que mantiene 20 enmiendas para el debate de mañana.

NEGOCIACIONES CON IZQUIERDA VERDE

A su vez, los socialistas negocian con Izquierda Verde (IU-Iniciativa per Catalunya) que exije la incorporación literal al proyecto de Ley de una enmienda sobre la responsabilidad del Gobierno de poner en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de forma inmediata a la entrada en vigor de la Ley y con la consiguiente negociación parlamentaria.

A su vez, la ponente de Izquierda Verde, Carme García, explicó que su grupo también negocia un nuevo redactado del artículo 15 de la Ley para profundizar en los compromsisos de asistencia social integral a las víctimas, pero que podría terminar de acordarse en el Senado. "Trabajamos para dar el apoyo al texto y facilitar la gestión del pleno de mañana", subrayó García, que también hizo notar que considera un "error" la forma en que "una Ley de esta envergadura" se ha trabajado.

PP y CiU: APOYO O ABSTENCIÓN

El socialistas comenzaron a conversar con los grupos parlamentarios con una reunión matutina a puerta cerrada con los diferentes portavoces, de la que las ponentes del PP, Susana Camarero y Ana Torme, y la de CiU, Mercé Pigem, salieron insatisfechas. Pigem denunció que una tramitación de este tipo no casa con la "importancia de esta Ley".

"Estoy segura de que la gran cantidad de desacuerdos que existen en torno a la redacción se habrían solventado si la negociación hubiese durado más tiempo", dijo a Europa Press la portavoz nacionalista que, en cualquier caso, ha retirado algunas de sus enmiendas para el debate de mañana por considerar que están incorporadas el texto.

En la misma línea, Torme y Camarero critiaron la tramitación y la actitud de los socialistas. "Nuestro apoyo o no a la Ley dependerá de cómo se desarrolle el debate de mañana, porque la tramitación ha sido una vergüenza. Estamos a favor de cualquier mejora en la protección de las mujeres por mínima que sea", dijo Camarero, que ya anunció el apoyo de su Grupo a enmiendas conincidentes de otras formaciones. A última hora de la tarde, tanto CiU como PP no habían fijado su posición final respecto al dictamen.

Mientras, el Grupo Mixto en principio mantendrá 38 de sus enmiendas. "Al final estás en la disyuntiva entre votar a favor de un texto que mejorará la protección a las víctimas o no apoyarlo porque no ha tenido el tiempo suficiente de debate", dijo la parlamentaria de BNG, Olaia Fernández. Por su parte, CC mantendrá todas sus enmiendas menos dos.

DISCRIMINACIÓN POSITIVA

El dictamen de la Comisión modificó la pasada semana el proyecto del Gobierno incorporando 22 enmiendas socialistas que, entre otras materias, mantiene la discriminación penal positiva pero eleva, a su vez, la protección penal a grupos vulnerables convivientes con el agresor, independientemente del sexo del maltratador.

Igualmente, se modifican varios preceptos del Código Penal, relacionados con el cumplimiento de tres condiciones para sustituir la condena por trabajos en beneficios de la comunidad a los maltratadores. Por otro lado, eliminar algunas competencias civiles atribuidas a los Juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer planteadas por todos los grupos.

Además, refuezan la asistencia jurídica gratuita, especializada e inmediata a la víctima, incorpora la movilidad geográfica de las víctimas dentro de los derechos laborales y consolida el fondo financiero de atención social.