Noticias de sociedad - Cuestiones sociales

La Ley de la Violencia de Género prohibe la mediación familiar en separaciones y divorcios en los que haya malos tratos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La mediación familiar estará vedada en aquellos procesos de separación y divorcio en los que exista violencia, gracias a la incorporación de una enmienda de CiU al proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género que fue aprobado hoy por unanimidad por el pleno del Congreso. En el último trámite de la Cámara Baja, los socialistas admitieron una docena de enmiendas de otros grupos que introducen nuevos cambios al texto.

Entre ellas, queda prohibida especialmente la mediación familiar en situaciones de violencia mediante una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según explicó a Europa Press la autora de la enmienda y ponente de CiU, Mercé Pigem, aunque parecía de sentido común que la mediación familiar, establecida para que las partes alcancen acuerdos extrajudiciales en procesos de separación y divorcio, no se aplicara en casos de violencia, ninguna norma española lo impedía.

"La mediación no debe aplicarse nunca en estos casos porque las partes no están en igualdad de condiciones a la hora de alcanzar un acuerdo --comentó--. Sin embargo, ninguna ley lo impedía. Aunque parezca de sentido común, queda al arbitrio de la autoridad a la que competa decidir". Cuando entre en vigor la norma, previsiblemente el 1 de enero de 2005, esto ya no será así porque los Juzgados de Violencia contra la Mujer, que se encargarán de los procesos de separación y divorcio en los que haya malos tratos no podrán nunca aplicar este sistema.

PENSIONES DE ORFANDAD

Además, los socialistas han admitido otras enmiendas de distintos grupos, salvo del PP. Entre ellas, otra de CiU que impide a los maltratadoRes condenados por asesinato u homicidio administrar la pensión de orfandad de los hijos de la víctima. Otra modificación permite contemplar a los hijos de víctimas de violencia de género en los servicios de atención psicológica y garantizar su escolarización en caso de que la víctima se vea obligada a cambiar de trabajo y residencia.

El anteproyecto también recoge en su literalidad una enmienda de Izquierda Verde que establece la responsabilidad del Gobierno en la elaboración, de forma inmediata a la entrada en vigor de la Ley de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, con la consiguiente dotación presupuestaria.

En lo que respecta a las competencias autonómicas, entre las novedades, destaca la obligación de las comunidades autónomas de remitir al Estado un informe sobre el impacto de la aplicación de la norma en sus respectivas regiones.

Al mismo tiempo, se incorpora a representantes de las comunidades autónomas en la subsección del Consejo Interterritorial de Salud que se ocupará de esta materia. A su vez, se establece un periodo transitorio para que las comunidades autónomas adecuen sus servicios sociales a la atención de estas víctimas. Las referencias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado incorporarán también a las policías autonómicas.

FINANCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, se refuerza la garantía de financiación de los servicios sociales a los que tienen derecho las víctimas de violencia de género. Finalmente, se incorpora la necesidades de implementar asignaturas en favor de la igualdad también en la educación universitaria.

A lo largo de toda la tramitación parlamentaria en el Congreso, se han incorporado cerca de medio centenar de modificaciones al proyecto remitido por el Gobierno, pero que aglutinan a un número más elevado de propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, según fuentes del grupo socialista.

Junto a las modificaciones introducidas hoy, la pasada semana los socialistas aceptaron incorporar la agravación del delito de lesiones, amenazas y coacciones leves a personas especialmente vulnerables que convivan con el agresor, mientras mantienen el agravamiento específico de estas conductas sólo en el caso de que sean contra la mujer conviviente o esposa. Asimismo, aceptó eliminar algunas de las competencias civiles de los Juzgados específicos de Violencia de Género.