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Noticias de sociedad - Cuestiones sociales |
López Aguilar asegura que la reforma de la Ley del Dirvorcio no favorece los matrimonios de conveniencia
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Juan Fernándo López Aguilar, recordó hoy en el Senado, durante la sesión de control al Gobierno, que un extranjero que se case con un español deberá permanecer casado como mínimo un año para poder optar a la nacionalidad española, porque el artículo que así lo regula en el Código Civil no será modificado por la reforma de la Ley del Divorcio.
De esta forma, aseguró que el proyecto del Gobierno, en fase de informe de órganos consultivos, no afecta en ninguna medida ni favorece la celebración de matrimonios de conveniencia. López Aguilar respondía así a la pregunta del diputado del PP José Blas Fernández Sánchez sobre las previsiones del Gobierno para evitar la celebración de estas uniones fraudulentas una vez vea la luz la reformad el divorcio.
En este sentido, el titular de Justicia advirtió de que esta modificación no tiene consecuencias sobre la adquisición de la nacionalidad. "Un artículo del Código Civil que la nueva norma no cambia establece que para que un extranjero adquiera la nacionalidad española es preciso que demuestre un año de convivencia sin separación de hecho ni de derecho -aseguró--. Quien quiera pensar que casándose y divorciandose en tres meses puede obtener la nacionalidad ignora el derecho y también la actuación del Ministerio Fiscal".
En cualquier caso, admitió que el fraude de Ley y los matrimonios de conveniencia han existido siempre y manifestó su confianza en la actuación de jueces, magristrados y fiscales para evitarlos. "La reforma del divorcio pretende eliminar, no sólo un doble procedimiento, sino también un doble sufrimiento procesal, económico y moral, y el plazo para acceder a la disolución matrimonial no afecta en absoluto a la celebración de matrimonios de conveniencia", enfatizó.
Por su parte, el senador del PP, que afirmó no fiarse de las "buenas palabras" del ministro, denunció que hay una "realidad palmaria y una situación de inmigración frecuentísima y alarmante de matrimonios rápidos que el Gobierno no puede dejar exclusivamente a la actuación de jueces y fiscales".
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