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Entidades de inmigrantes en Catalunya ven insuficiente el nuevo reglamento y denuncian que no incluya el arraigo social



BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Entidades de inmigrantes en Catalunya mostraron hoy sus reticencias ante el pacto suscrito por el Gobierno, los sindicatos y las patronales para regularizar la situación de parte del millón de 'sin papeles' que se calcula que vive en España y que fija como requisitos para obtener la residencia entre enero y abril acreditar seis meses de estancia y seis de contrato.

La Asamblea por la Regularización sin Condiciones, que agrupa al colectivo de 'sin papeles' que antes del verano se encerraron en la Catedral de Barcelona, consideró que el pacto "supone un paso adelante" pero que "se presenta muy tarde", aseguró a Europa Press su portavoz, Norma Falconi.

Falconi ve con buenos ojos que se abra un proceso de regularización temporal, a través del cual los 'sin papeles' que lleven empadronados seis meses en España cuando entre en vigor el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería podrán regularizar su situación si el empresario los contrata por otros seis meses.

Finalizado este periodo transitorio de tres meses, el pacto establece dos vías posibles de regularización: acreditar una estancia de tres años y contrato, y el arraigo laboral, es decir, demostrar un año de trabajo y dos de residencia.

Aún así, la portavoz de este colectivo advirtió que todas estas vías de regularización "dejarán de lado a una gran parte de 'sin papeles' que trabajan en la venta ambulante y en la economía sumergida porque no pueden conseguir ningún contrato laboral".

Falconi criticó el hecho de que "no se incluya la vía del arraigo social sin necesidad de demostrar un contrato laboral". "Qué pueden hacer las madres con niños pequeños que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos?", se preguntó.

"UN PARCHE".

El acuerdo también recibió las críticas de la portavoz de SOS Racismo, Begoña Sánchez, quien calificó de "medidas de parche" el proceso de "regularización extraordinaria". "Supone un balón de oxígeno, pero en dos o tres años nos podemos encontrar con la misma situación", advirtió.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez aseguró que la apertura de una vía de regularización temporal demuestra "el fracaso" de las políticas de inmigración del Gobierno, que "lo primero que tendría que haber hecho es derogar la actual Ley de Extranjería".

Respecto a las dos vías de regularización que se adoptarán de forma permanente, Sánchez aseguró que "el futuro reglamento endurece algunos aspectos y en otros puntos no va más allá". Así, "no se incluye la vía de demostrar una estancia de cinco años sin contrato", añadió.

CONTINUISMO DEL PP.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes de Catalunya, Alejandro Graso, denunció que el Gobierno del PSOE "mantiene la continuidad de las políticas del PP" con un reglamento "duro" y una Ley de Extranjería que, en su opinión, "no sirve para nada".

En declaraciones a Europa Press, Graso celebró que el Gobierno "busque vías de solución" para el millón de personas 'sin papeles' que residen en España con la apertura de un proceso de regularización temporal, pero insistió en calificar de "insuficiente" el nuevo reglamento.

Según el portavoz de la Coordinadora, el pacto suscrito "no resuelve los problemas de la totalidad de los inmigrantes irregulares" y las condiciones que señala como necesarias para la regularización son "restrictivas" y "marginales".

Graso criticó que el pacto contemple el contrato laboral como imprescindible para obtener la regularización y que no se tenga en cuenta el arraigo social. En este sentido, explicó que la coordinadora reclama que se otorguen los papeles a las personas que residen en España desde hace 24 meses y que no han cometido ningún delito.

El portavoz de la plataforma también denunció que el Gobierno haya negociado exclusivamente con sindicatos y patronales el nuevo reglamento, "dejando de lado" a las entidades de apoyo a inmigrantes. "Seguiremos siendo marginados de las decisiones políticas y económicas y sin poder opinar sobre nuestro destino", lamentó.

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