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Inmigración.- El Gobierno remite al CGPJ, CES y Consejo de Estado el proyecto de Reglamento de Extranjería

Unos 630.000 extranjeros han accedido a la legalidad a través de procesos extraordinarios en los últimos 20 años

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros estudió hoy, a propuesta del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, un informe sobre el proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería y acordó remitir el texto al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Consejo Económico y Social (CES) y Consejo de Estado, para su consulta previa a la aprobación definitiva del Real Decreto.

El proyecto de Reglamento recoge, en su Disposición Adicional Tercera, un nuevo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, que el Ejecutivo define como "normalización", al que podrán acceder inmigrantes en situación irregular empadronados seis meses antes de la entrada en vigor del texto. El proceso, que se prevé abrir en febrero, contempla tres meses para la presentación de solicitudes y se prevé que su tramitación esté completamente finalizada en agosto.

Asimismo, los extranjeros deberán contar con un contrato de trabajo de seis meses con carácter general. En la agricultura, el contrato podrá ser de tres meses y en hostelería y construcción de seis meses de forma discontinua en un periodo de un año. Los empleados de hogar deberán presentar contratos de al menos 30 horas semanales en un periodo de seis meses con varios empleadores, si es preciso.

En ningún caso podrán tener antecedentes penales en España o su país de origen, pero sí se les revocará aquellas órdenes de expulsión dictadas por estar en España de forma irregular o trabajar de manera clandestina.

SOLICITAN LOS EMPRESARIOSEn este caso, serán los empresarios los que tendrán que presentar la solicitud de regularización en los puestos habilitados para ello, salvo en el caso de los empleados de hogar (serán los extranjeros los que presenten solicitud). El empresario deberá acreditar la legalidad de su empresa y, además, no podrá haber sido sancionado por la Inspección Laboral por haber contravenido la Ley de Extranjería.

La autorización de trabajo estará condicionada a que el empresario de de alta el contrato en la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde que recibe el visto bueno de la Administración. El Gobierno prevé que en un máximo de dos meses desde que se presenta la solicitud el trabajador pueda ocupar de forma legal su puesto de trabajo.

El Ejecutivo recuerda que en España se han llevado a cabo seis procesos extraordinarios de regularización desde 1991. A éstos, hay que sumar el proceso de 1986. En total, han sido regularizados en España a lo largo de 20 años unos 630.000 extranjeros mediante procesos extraordinarios, como ya adelantó Europa Press. De ellos, 480.185 obtuvieron sus papeles en regularizaciones llevadas a cabo por gobiernos del PP desde 1996.

800.000 IRREGULARES

Asimismo, recuerda que el número de extranjeros empadronados a 1 de enero de 2004 es de más de 3 millones, según estimaciones del INE, mientras que las tarjetas de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2003, era de 1,6 millones. En los primeros nueve meses de 2004, el número de extranjeros legales ha aumentado en 200.000, mientras que el Ejecutivo baraja una bolsa de irregulares de unos 800.000.

El texto de Reglamento recoge también el desarrollo de la política migratoria una vez termine el periodo transitorio y ha recibido más de 4.000 folios de aportaciones de agentes sociales, ONG, comunidades autónomas, ayuntamientos y partidos políticos, y gira en torno a cinco ejes.

Así, La regulación de los flujos migratorios se ordena a través del Régimen General de contratación de trabajadores extranjeros y del Contingente; la lucha contra la inmigración irregular se articula a través del arraigo laboral (denuncia) y la vinculación de la autorización de trabajo al alta del contrato en la Seguridad Social; la integración social de los inmigrantes se desarrolla mediante la reagrupación familiar y el arraigo social.

POLÍTICA DE CONSENSO

Además, el Gobierno quiere que se aborde la inmigración como una política de consenso y para ello ha creado la Comisión Laboral Tripartita (administración, sindicatos y empresarios) que concertara todas las medidas, elaborará un catálogo de profesiones de difícil ocupación y propondrá los contingentes.

Al mismo tiempo, destaca la voluntad de celeridad y eficacia en la gestión administrativa a través de la implantación de una nueva aplicación informática y la agilización d de los trámites.

Como novedad en materia laboral, destaca para acceder al Régimen General la elaboración trimestral de un Catálogo de Profesiones de Difícil Ocupación por parte de los Servicios Públicos de Empleo a propuesta de los servicios autonómicos y previa consulta d de los interlocutores sociales.

Mientras, las cifras del Contingente podrán ir adaptándose a lo largo del año en función de las necesidades del mercado y la cifra inicial será propuesta por las comunidades autónomas, junto con la ampliación de contratación nomitanitva.