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Noticias de sociedad - Cuestiones sociales |
El Defensor del Pueblo denuncia graves deficiencias en los centros de menores y pide el cierre del de Melilla
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Defensor del pueblo advierte en su informe correspondiente a 2004 de las graves deficiencias detectadas en los centros de internamiento de menores, tanto en medios materiales como humanos, lo que dificulta la aplicación de la Ley del Menor. En casos concretos, como el centro de Melilla y en varios de la Comunidad de Madrid, esta institución alerta de que no se cumplen "condiciones mínimas" para internar a menores e insta al cierre de las instalaciones.
En el caso del Centro Educativo de Menores Infractores de la Ciudad Autónoma de Melilla, el informe del Defensor del Menor destaca que ocupa una edificación que tiene más de dos siglos de antigüedad y, pese al esfuerzo de los trabajadores, presenta un aspecto descuidado, con cristales rotos y dobles ventanas donde los menores depositan restos de comida creando un foco de infecciones.
Este centro, de titularidad pública pero gestionado por una asociación, carece de personal médico, sólo dispone de un pequeño patio cubierto por una red para evitar la caída de objetos desde el exterior, las habitaciones tienen poca luz y, para conectarse, los aparatos eléctricos precisan de alargadores. Ante "tal cúmulo de deficiencias" se instó al cierre del centro a la Consejeraía de Bienestar Social y Sanidad de Melilla, sin que aún se haya obtenido respuesta.
El informe también destaca las deficiencias encontradas en los centros de la Comunidad de Madrid 'Renasco', 'El Madroño', ' El Pinar' y 'Altamira', todos ellos visitados sin previo aviso, donde se encontraron boquetes en las paredes, instalaciones deterioradas, goteras y cristales sustituídos por cartones. En el de "Altamira', los menores del último turno se quejaban de que la comida no les llegaba caliente y algunas habitaciones tienen las puertas de cristal, permitiendo ver lo que ocurre en su interior.
Respecto a todos estos centros, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a finales de 2004 a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para conocer en qué medida las deficiencias van a ser subsanadas y si existe proyecto para cerrar alguna de estas instalaciones y construir otras nuevas.
Destaca también la situación de Canarias, donde la falta de plazas obliga a que se encuentren en la calle jóvenes condenados por delitos graves. Según la información procedente de la Fiscalía General del Estado, la "lista de espera" en Canarias de menores que tenían que ingresar en centros era de 35.
Otros centros visitados, como el de 'Azahara' en Córdoba, 'Parayas' en Cantabria, 'Zambrana' en Valladolid y 'Pi Gros' en Castellón, cuentan con instalaciones adecuadas que permiten llevar a cabo los proyectos educativos con los menores, si bien todos ellos han sido recientemente inaugurados o reformados.
MASIFICACIÓN Y FALTA DE EDUCADORES.
Entre las carencias detectadas en general, el Defensor del Pueblo cita la excesiva movilidad de los trabajadores, la masificacón (lo que obliga a los trabajadores a renunciar a descansos a lo largo de la jornada) y el hecho de que las empresas de seguridad que prestan sus servicios en los centros contraten a personal sin ninguna formación específica.
También destaca la necesidad de aumentar la plantilla de educadores y de personal sanitario en unos centros donde el 80 de los internos presentan problemas de consumo de estupefacientes. Las diferencias entre los centros derivan, entre otras causas, de que dependen de distintas administraciones y del diferente montante económico que cada Comunidad Autónoma destina a esta clase de instalaciones.
Igualmente, advierte de la conveniencia de reformar el modo en el que los menores son trasladados (muchas veces en coches de la Policia y la Guardia Civil, incluso en los casos de visitas médicas). También propone la homologación de los cursos de formación pre-laboral que reciben los menores en los centros, así como mejoras en al prestación de la asistencia letrada a los internos.
Sobre el Reglamento de la Ley del Menor, el Defensor del Pueblo critica que se otorgue prioridad a la jurisdicción de adultos cuando existen dudas sobre la edad, de la posibilidad de internar a menores fuera de sus zonas de arraigo y de la calificación de los comportamientos como faltas, que se sancionan más gravemente en los menores que en los adultos.
Como conclusión, el Defensor del Pueblo se compromete a recoger todas las incidencias que se produzcan como consecuencia de la aplicación del Reglamento para informar al Gobienro de ello antes de que finalice el año al que se refiere la disposición adicional única de esta norma.
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